El procedimiento judicial, realizado el pasado 19 de junio en el Edificio Centinela, sede de la fuerza, fue llevado a cabo por la División Balística de la Policía de la Ciudad. Según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – querellante en representación de la familia Grillo -, en el operativo se secuestraron el arma lanza gases utilizada por el cabo Guerrero, otra de características idénticas, diez cartuchos de gas lacrimógeno y documentación interna, entre ella el expediente identificado como “Información Administrativa 01/25”.
Según consta en los documentos incautados, Gendarmería Nacional había reabierto el expediente en abril, pero lo cerró nuevamente dos días después, dando por finalizada la investigación administrativa.
El 17 de marzo, cinco días después de la represión, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, dispuso la apertura del sumario y designó al Comandante Mayor Adrián Barressi como oficial sumariante. Al día siguiente, Barressi elaboró el informe final en el que concluyó que no había reproche disciplinario alguno para el cabo Guerrero, el gendarme que disparó contra Grillo. Para ello, solo se tomaron declaraciones a personal de la fuerza, sin incluir a testigos civiles ni a la víctima.
El asesor jurídico de la fuerza, José Carlos Lodolo, respaldó esa misma jornada la versión oficial y el 19 de marzo, es decir, una semana después del hecho, se resolvió el cierre del sumario sin sanciones.
El expediente se reabrió brevemente el 25 de abril, tras nuevas instrucciones del Comandante de Región I. Entre las medidas solicitadas figuraban la ampliación de declaraciones, un relevamiento del personal actuante, detalles sobre el uso de granadas y disuasivos, partes médicos y una pericia técnica. Sin embargo, dos días después se firmó un nuevo dictamen jurídico que reiteraba la inexistencia de faltas disciplinarias. Finalmente, el 29 de abril, Porra Melconian cerró de forma definitiva la investigación.
El Diario Ar