El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, eliminó oficialmente la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada para investigar las denuncias relacionadas con el criptoactivo $LIBRA, una memecoin que fue promocionada por el propio mandatario y cuyo desplome generó pérdidas millonarias.
La decisión fue formalizada en la madrugada de este martes mediante el Decreto 332/2025, firmado por Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial.
“El gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”, señala el documento oficial.
El escándalo estalló el pasado 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó públicamente $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, generando un interés masivo en el token digital. En cuestión de horas, el valor de la criptomoneda pasó de casi cero a superar los u$s5, alimentado por la fiebre especulativa y el respaldo del mandatario.
Sin embargo, pocos días después, el proyecto se desplomó abruptamente. Sus desarrolladores se retiraron sin previo aviso, y la memecoin perdió casi todo su valor. El episodio provocó un fuerte revuelo entre inversores damnificados, que lo calificaron como un posible caso de “rug pull” —una estafa común en el mundo cripto, donde los creadores abandonan un proyecto tras captar fondos—.
Qué investigaba la UTI y por qué se disolvió
La Unidad de Tareas de Investigación sobre $LIBRA fue creada a través del Decreto 114/2025. Estaba conformada por representantes de organismos especializados en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Su misión era determinar si existieron maniobras fraudulentas o conductas irregulares en la promoción y posterior caída del valor de la criptomoneda.
El caso también trascendió fronteras: una demanda colectiva fue presentada en Estados Unidos contra Milei, acusándolo de promoción engañosa y negligencia. Los denunciantes aseguran que el respaldo público del Presidente fue clave para legitimar una inversión que terminó en pérdidas.
Pese al cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúa si existieron delitos económicos o conflictos de interés vinculados a funcionarios del entorno presidencial.
Por ahora, no se publicaron informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se conoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA a ni si existieron vínculos directos con funcionarios del actual gobierno.
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