La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo titular es el fiscal Eduardo Taiano, informó que solicitó el congelamiento de casi 45 millones de USDC (criptomoneda vinculada al dólar estadounidense), dos meses antes de que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, inmovilizara el 27 de mayo pasado dos direcciones de USDC, en el marco de las demandas colectivas iniciadas en ese país por parte de tenedores del token $LIBRA.
El 26 de marzo pasado, el fiscal federal Taiano; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin; la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena; solicitaron a la jueza a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, María Servini, que ordenara el congelamiento de 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana.
Conforme el análisis efectuado por el Ministerio Público Fiscal, esa dirección había resultado destinataria de fondos obtenidos a partir de la maniobra investigada.
La medida en cuestión fue resuelta favorablemente por la jueza federal Servini que, el 3 de abril pasado, libró un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América y el Convenio sobre la Ciberdelincuencia o Convención de Budapest. Además, el 7 de abril, la UFECI adelantó la medida jurisdiccional vía correo electrónico a la compañía “Circle Internet Financial LLC”.
Por otra parte, con motivo del requerimiento de información adicional formulado por el Departamento de Justicia norteamericano, previo a ejecutar la orden de inmovilización, recientemente se enviaron nuevas actuaciones al Ministerio de Justicia de la Nación, autoridad de aplicación local del tratado bilateral, para su posterior remisión a ese país.
Cabe recordar que la pesquisa, que tramita en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, se inició en febrero de 2025 y procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
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