El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido poco más de una semana atrás. El funcionario de la Justicia tomó la decisión en base a la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del líder libertario en la repentina valoración y posterior desplome del criptoactivo.
El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: “Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente”.
El presidente Javier Milei promocionó – o difundió – una iniciativa de inversión que incumplía con el propio registro de la CNV que su Gobierno ordenó crear.
Escándalo cripto: la empresa detrás de $LIBRA nunca estuvo inscripta para operar en el país
Luego de que la jueza federal María Servini delegara el jueves pasado la instrucción de la causa en Taiano, finalmente el fiscal comenzará formalmente la investigación sobre el máximo mandatario argentino. La controversia con Milei se desató el 14 de febrero, cuando el líder libertario publicó en su cuenta oficial de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo en la blockchain Solana, presuntamente destinado a financiar proyectos privados en Argentina.
“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei” y otras cinco personas involucradas en el proyecto, indicó el fiscal Eduardo Taiano en una resolución.
En detalle, se comenzarán a investigar los hechos para dilucidar si hubo posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. En este sentido, la Justicia solicitó información al Banco Central de la República Argentina y a empresas como Google para determinar el origen de la criptomoneda y el rol que tuvo el Presidente en su lanzamiento.
Además, también se ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que colabore en la preservación y recuperación de evidencias. Grabois, uno de los impulsores de la denuncia, escribió al respecto: “El que las hace las paga, imputación para el criptochorro Milei por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública”.
Las investigaciones en el extranjero
Además de la investigación local, desde Casa Rosada ven con tono más amenazante las demandas en el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar un proceso legal. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei – promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión – salpica al Estado argentino, en múltiples aristas.
Esto presenta no solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security, un organismo poco conocido en estas latitudes (más allá de la ficción de una serie) pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.
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