La Fiscalía paraguaya imputó a Miguel Vázquez y otras 26 personas más vinculadas a Ueno Bank y otras empresas del grupo, por lesión de confianza y otros ilícitos. Los investigadores solicitaron prisión preventiva para el principal sospechoso y el arresto domiciliario y uso de tobilleras electrónicas para los demás.
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema de la entidad financiera.
Los hechos punibles atribuidos son los de conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.
Para el caso de Miguel Vázquez Villasanti, los fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, mientras que para los demás 26 co-imputados, solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para el monitoreo.
Los 7 primeros son Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Shussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Los otros 19 imputados son José Augusto Sala Cardozo, presidente y representante legal de la empresa Mowi SA; Sergio Amada Pizurno Szarán, vicepresidente de Mowi SA y director titular del Grupo M SA; Vanessa Esther Godoy Ayala, presidenta de la empresa Grupo Hendy SA.
La lista continúa con Óscar Urdapilleta, vicepresidente del Grupo M SA; César Javier Mengual Mazacotte, presidente del grupo Hendy SA; Miguel Ángel Garay, director titular de la empresa Grupo Hendy SA.
Inmovilización de bienes y cuentas
Las medidas requeridas también alcanzan el patrimonio de los investigados. La Fiscalía pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los 27 imputados y de varias empresas involucradas en las operaciones, así como la inmovilización preventiva de cuentas bancarias.
La causa investiga presuntas irregularidades en la concesión de préstamos a empresas vinculadas al grupo económico, por montos millonarios. Entre las operaciones señaladas figuran créditos a MOWI, Grupo Hendy y Grupo M, que en conjunto habrían recibido aproximadamente G. 743.784 millones.
La hipótesis fiscal apunta a que los préstamos habrían sido otorgados sin garantías suficientes y que parte de los fondos habría circulado entre empresas relacionadas. También se investiga la venta de una cartera de créditos a la firma Vinanzas, por USD 74,4 millones.
abc/Última Hora/Hoy