En diálogo con CIUDAD TV, el fiscal de Cámara Martín Bogado detalló los avances de la investigación por la muerte de Julián Álvarez Guardia, el trabajo coordinado con la fiscal Ana González de Pacce y las pruebas técnicas que consideran centrales, entre ellas la autopsia, las cámaras de seguridad y los mensajes de texto y audios que podrían acreditar la violencia previa en la relación.
El fiscal de Cámara Martín Bogado explicó el esquema de trabajo que el Ministerio Público Fiscal implementa para las causas que llegarán a juicio por jurados. En ese sentido, señaló que su rol es coordinar la investigación junto con la fiscal Ana González de Pacce, quien es la principal investigadora, pero que será él quien lleve adelante el juicio oral. “Para evitar que haya ciertas diferencias y manejar de manera coordinada, es que yo me sumo ahí con esta función mía, ayudando a la investigación”, afirmó.
Sobre las pruebas más importantes para reconstruir lo ocurrido, el fiscal sostuvo que, al no haber testigos directos del hecho ocurrido en la intimidad de la casa de Julián, la autopsia se convierte en una pieza fundamental. “Lo que hay que reconstruir a partir de pruebas técnicas, y una de ellas fundamental es la autopsia”, dijo. Además, recordó el caso de Cecilia, donde no se contaba con el cuerpo, y remarcó que en esta causa sí tienen ese elemento. No obstante, aclaró que la médica forense aún debe diferenciar las heridas producto del ataque de aquellas derivadas de la intervención quirúrgica en el hospital, para lo cual trabaja con la historia clínica del joven.
Consultado sobre los plazos, Bogado indicó que el informe preliminar de autopsia podría estar disponible en el día de la fecha o, a más tardar, el lunes. “Lo central sería la información que nosotros necesitamos, que llegaría hoy o el lunes a más tardar”, precisó. Adelantó que quedarán estudios de anatomía patológica que demandarán más tiempo, pero que lo esencial para la causa estaría resuelto en breve.
En paralelo, el fiscal mencionó que se analizan las cámaras de seguridad de la casa de Julián y de un vecino, para determinar qué contenido registraron. También se avanza con los testimonios de amigos de la víctima, quienes habrían manifestado haber presenciado actos violentos por parte de la imputada. “Según lo que ellos manifiestan, alguno de ellos hubo actos violentos de parte de ella”, relató.
Con respecto a los mensajes y audios que circulan, Bogado explicó que están siendo incorporados a la causa, pero con un cuidado especial: “Ahora con la inteligencia artificial se pueden editar y se pueden hacer un montón de cosas, entonces nosotros lo que tenemos que acreditar es la autenticidad de esos videos, de esos audios”. Para ello, están citando a las personas que recibieron o intercambiaron comunicaciones con Julián, y mencionó el caso de una foto que él habría enviado a un amigo con el ojo hinchado tras un golpe de la joven.
El fiscal también se refirió a la denuncia previa que Julián había realizado el año pasado por daños en su camioneta, ocurrida en dos ocasiones. Si bien aclaró que “la denuncia por sí sola no acredita los hechos, sí es un indicio”, sostuvo que existen varios testigos que ya declararon sobre esa situación. Respecto de la dinámica de la pareja, Bogado describió que había “una cierta dependencia emocional entre ambos, que ocurre muchas veces, en la cual aparentemente no podían cortar definitivamente ese vínculo”.
Ante la pregunta sobre un posible perfil psicológico de la acusada, el fiscal fue contundente: “Cualquier imputado tiene el derecho constitucional de no ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Entonces, si no se presta, generalmente ninguno se presta a ese perfil psicológico”. Añadió que cuentan con un informe psicológico que indica que ella comprende la criminalidad del acto y es capaz de dirigir sus acciones, pero que no se realizará un perfil forzado.
En cuanto a los pasos siguientes, Bogado enumeró la recepción de la autopsia, el análisis de las cámaras, las comunicaciones telefónicas y más testimonios. Estimó que en unos diez días esperan contar con pruebas sólidas para pedir la prisión preventiva. “Estaríamos encaminados ya en diez días como para llegar a la prisión preventiva con bastantes pruebas sólidas para reforzar nuestra acusación”, aseguró.
Sobre la posibilidad de que la imputada vuelva a declarar, el fiscal recordó que ella no hizo una declaración formal ante la policía, sino manifestaciones espontáneas en el hospital. Cuando fue acusada formalmente, se negó a declarar, y eso podrá repetirlo o revertirlo cuando lo desee. “Llegado el caso, cuando nosotros avancemos la investigación e incorporemos nuevas pruebas, seguramente la llamaremos para hacerle conocer esas pruebas y ahí veremos si declara o no”, explicó.
En relación con la entrega de la clave del celular de Julián, Bogado indicó que está al tanto pero que no maneja ese detalle directamente, ya que la investigación está a cargo de la fiscal Ana González. Sin embargo, confirmó que están trabajando con los teléfonos de ambos y de personas cercanas, proceso que llevará tiempo.
Finalmente, el fiscal se refirió al estado físico de la imputada, quien también presentaba lesiones al llegar a la comisaría. Según el informe médico del mismo día del hecho, tenía “eritema y escoriaciones que son lesiones muy superficiales, que no son lesiones importantes ni nada que ver”.
Al ser consultado sobre una posible modificación de la carátula y la pena solicitada, Bogado fue claro: “Nosotros tenemos bien claro y entendemos que vamos a ir reforzando cada vez más esta acusación de que el hecho fue un homicidio calificado por el vínculo, que la única pena prevista es la de perpetua”.