En el marco de la avanzada autoritaria para acallar la protesta social contra el ajuste brutal del gobierno libertario de Javier Milei, la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir una causa penal contra el periodista y director del portal El Destape, Roberto Navarro, por supuesta incitación a la violencia. La denuncia fue presentada por los periodistas oficialistas Eduardo Feinmann y Luis Majul.
La resolución fue firmada el viernes 14 de junio pasado y lleva las firmas de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.
Feinmann denunció a Navarro por supuesta incitación a la violencia por un comentario radial en el que advertía sobre la escalada de los “discursos de odio” de los periodistas opositores al por entonces gobierno de Alberto Fernández y que pocos días después derivó en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La causa había sido cerrada en primera instancia por la jueza María Eugenia Capuchetti por inexistencia de delito ante la falta de acusación por parte del fiscal Carlos Rívolo, lo que luego fue confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en octubre de 2022, con la disidencia del juez Martín Irúrzun, recordado por avalar prisiones preventivas para exfuncionarios del kirchnerismo. Sin embargo, ahora la causa se vuelve a reflotar luego de que Casación aceptara el recurso impulsado por los abogados querellantes de Feinmann.
En su voto, el juez Petrone señaló que “objetivamente, existen elementos tales como el contenido mismo de las manifestaciones y el medio empleado para proferirlas que impiden descartar, sin más, las alegaciones del particular damnificado en este momento incipiente del caso; máxime cuando se carece de elementos de conocimiento adicionales y, de otra banda, quien se constituyó en autos como querellante -y por tanto se encuentra legitimado a tales efectos como antes se explicó- insta la jurisdicción”. Su par, Barroeataveña, adhirió a su voto.
En una extensa exposición para fundamentar su voto por la reapertura de la causa contra Navarro, el juez macrista Mahíques cuestionó el fallo de mayoría de la Cámara que avaló el cierre del caso por considerar que “reduce la cuestión a una suerte de justa de opiniones libres entre querellante y denunciado sin hacer una evaluación de su densidad deletérea”.
“No puede haber libertad de expresión subalternada a las pulsiones partisanas o la voluntad de dominar, denigrar, inferiorizar, cancelar, perseguir, vulnerabilizar, o percutir situaciones de odio, violencia o descalificación injustificada”, agregó.
En ese contexto, Mahíques expresó que “la denuncia en efecto, alude a la incitación a la violencia, figura que en nuestra legislación penal tutela el orden público como un bien propio del conjunto de la población”.
“Las controvertidas expresiones del imputado examinadas en este legajo se definieron también por los denunciantes como discursos de odio. La noción exhibe cierta ambigüedad pero es claro que apunta a situar los límites tolerables de la discusión pública y a fijar el cursor entre el debate político virulento pero aceptable y el hate speech”, precisó.