El Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar al recurso presentado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal y elevó a la Cámara Federal de Casación Penal la resolución que confirmó la prisión domiciliaria para el represor Luis Alfredo Chas, condenado a 15 años de prisión por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
Con las firmas de los jueces Juan Manuel Iglesias, Fabián Cardozo y Jorge Gallino, el Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar a una recurso de casación presentado por los fiscales Diego Vigay y Horacio Rodríguez para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la prisión domiciliaria concedida al exagente de la Policía del Chaco, Luis Alfredo Chas, condenado a 15 años de prisión por su participación en la Masacre de Margarita Belén.
Los fiscales que integran la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia apelaron la decisión del TOF de confirmar la domiciliaria de Chas al considerar que se trata de un caso de gravedad institucional teniendo en cuenta que se relaciona con crímenes de lesa humanidad, específicamente con la Masacre de Margarita Belén, “la cual excede el interés individual y conmociona a la comunidad”. Además, advirtieron que la decisión “afecta la responsabilidad del Estado Argentino ante el orden jurídico internacional y el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho”.
Menoscaba el riesgo procesal y el derecho de las víctimas
Desde el Ministerio Público Fiscal también señalaron que la resolución era arbitraria ya que carecía de motivación en tanto se dio preeminencia a un informe del Servicio de Asistencia Médica de la Unidad Penitenciaria 7 (U7) por sobre las conclusiones del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese contexto, advirtieron que eso “menoscaba la valoración del riesgo procesal”, teniendo en cuenta que Chas como ex-oficial de la Policía del Chaco -condenado por la Masacre de Margarita Belén-, puede obstruir la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos (como Reynaldo Zapata Soñez, Fernando Pierola, y Horacio Yedro).
Además, puntualizaron que también se atenta contra el derecho de las víctimas, al poner sus derechos e intereses en un “absoluto segundo plano”, atento que el otorgamiento del beneficio afecta a los familiares de las víctimas, generándoles sensación de “impunidad, injusticia, revictimización e intranquilidad”.