Durante la última semana se produjeron novedades en uno de los desprendimientos de la megacausa por narcotráfico más trascendente de la historia argentina, la que se conoció como “Carbón Blanco” y por la cual una banda encabezada por el abogado y empresario Carlos Salvatore fue condenada a penas de hasta 21 años de prisión en la provincia del Chaco. Posteriormente, un grupo de personas, entre ellas la esposa de Salvatore fue condenado a penas de hasta 9 años de prisión por el lavado del dinero procedente del narco.
Hace pocos días, el Tribunal Oral Federal de Resistencia reprogramó para abril de 2025 el juicio oral contra Carla Salvatore Ursi, la hija del jefe narco fallecido Carlos Salvatore, por presunto lavado de activos procedentes del narcotráfico.
Ahora le llegó el turno al que se considera fue el cerebro detrás de las operaciones inmobiliarias para el lavado del dinero ilícito de Salvatore, el financista Leopoldo “Polo” Carrena. Es que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejó firme el rechazo a la prescripción de la causa contra Carrena que había solicitado su defensa por lo que el contador quedó a un paso del juicio oral.
El contador, quién residía en la ciudad norteamericana de Miami, fue detenido en febrero de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Mar del Plata cuando visitaba a su pareja. Posteriormente, fue indagado y procesado (el 2 de marzo de 2021) con prisión preventiva por la justicia federal de Sáenz Peña como coautor del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad, en banda y con la intervención de personas de existencia ideal.
Al financista se lo vincula con Salvatore, el hombre que más cocaína traficó de Argentina hacia Europa. Se estima que era el apoderado en Estados Unidos que Salvatore habría utilizado para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la compra de departamentos en Miami.
En sus fundamentos, los camaristas Mirta Tyden y Eduardo Belforte reconocieron que la instrucción de la causa por lavado de activos contra Carrena y otros imputados se inició en 2017 y en ese sentido consideraron que “la magnitud, complejidad y naturaleza de estos autos, con pruebas a producirse en el extranjero y la conformación de dos causas procedentes, no advertimos que en la especie se reúnan los requisitos exigidos para aplicar la defensa pretendida por el recurrente, como bien lo sostuvo el Fiscal General”.
Además, advirtieron que se debe tener en cuenta que nuestro país está obligado a la lucha contra el lavado de dinero, por haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo; como así también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo por lo cual ha adherido a las cuarenta recomendaciones del GAFI.