En un contexto de inhumano ajuste y una ola de despidos sin precedentes en el Estado Nacional, el estudio Cubilla Podestá & Asociados, con sede en Corrientes, acaba de presentar ante la Corte Suprema una demanda contencioso-administrativa en representación una veintena de trabajadores públicos con décadas de servicio, exigiendo una reparación económica multimillonaria por el arbitrario despido y la violencia institucional.
El centro de la demanda: las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien el 19 de marzo de 2024 anunció en conferencia de prensa el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), calificando públicamente a sus trabajadores como “puestos de no trabajo” y “militantes pagos”. Para los abogados intervinientes, esas palabras no solo consolidaron el desprecio institucional, sino que también funcionaron como un ilegitimo acto de desvinculación, sin notificación ni resolución administrativa alguna.
“Estamos ante un caso extremo de violencia discursiva con consecuencias jurídicas reales. Fue un despido público, sin acto ni causa, con estigmatización mediática incluida”, señaló el Dr. Juan Manuel Cubilla Podestá, uno de los autores de la demanda.
Más de 20 trabajadores, más de 20 años de servicio
La acción judicial, que solicita además la nulidad del accionar del Ministerio de Luis Caputo por acciones ocultas u omisiones ilegitimas, es ejercida por profesionales con antigüedades que superan los 25 y hasta 30 años, en muchos casos contratados desde los años noventa bajo regímenes precarios, pero cumpliendo funciones técnicas esenciales dentro de políticas de desarrollo rural.
Según consta en la demanda, muchos de ellos fueron directamente bloqueados del sistema GDE y de sus correos oficiales sin ningún tipo de notificación ni liquidación formal.
“El Gobierno nacional vulneró derechos laborales más básicos, actuó con informalidad extrema, y con un desprecio explícito a la dignidad de los empleados públicos”, agregó la Dra. Milena Camafreyta, co-patrocinante.
Un caso federal, una causa con impacto nacional
El reclamo, presentado ante la Corte Suprema, argumenta que se trata de una cuestión de gravedad institucional, con alcance federal, ya que los trabajadores provienen de provincias como Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Formosa, Jujuy y Buenos Aires. La demanda sostiene además que esta situación podría derivar en una acción colectiva de clase, dado que los despidos alcanzaron a más de 900 trabajadores del INAFCI, siendo la Corte y sus recursos los únicos suficientemente equipados técnicos para tramitarla evitando contradicciones en las distintas jurisdicciones territoriales.
Esta nueva cruzada judicial se suma a los antecedentes del estudio Cubilla Podestá y Asociados, que en 2024 obtuvo las primeras sentencias condenatorias contra el Gobierno de Javier Milei, en defensa de trabajadores correntinos que fueron afectados ilegalmente por orden de la Ministra Sandra Pettovello. A partir de ese precedente, el estudio consolidó una reputación jurídica sólida y confiable en el ámbito de la defensa de derechos frente a decisiones estatales arbitrarias, generando gran respaldo de colegas, organizaciones gremiales y medios especializados de todo el país.