Fabián “Pepín” Rodríguez Simón lleva tres años y un mes prófugo de la justicia argentina. Sin embargo, en las últimas horas, el operador pudo celebrar que una de sus preocupaciones en los tribunales se evaporó casi por arte de magia. La jueza María Eugenia Capuchetti –la misma magistrada que no avanzó en la investigación de la línea política del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner– lo sobreseyó en la causa de la llamada “mesa judicial” en la que se investigan las presiones sobre jueces y fiscales durante el gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri fue otro de los beneficiados por la resolución de la jueza que alterna sus tareas en Comodoro Py con la investigación académica en un instituto de formación policial que depende del gobierno de la Ciudad.
Rodríguez Simón fue, durante el gobierno de Macri, uno de sus consejeros más importantes. Se ocupó de los nombramientos en la Corte Suprema –que buscó hacerlos sin pasar por el Senado– y también tomó entre sus manos otro tema que al entonces Presidente le interesaba: forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la entonces procuradora general de la Nación.
Durante la campaña de 2015, Macri avisó que no quería a Gils Carbó como jefa de los fiscales, a pesar de que la funcionaria había llegado al cargo con el aval de los dos tercios del Senado. Después arremetió contra ella con todas las espadas que encontró. “Pepín” fue una de ellas.
Gils Carbó recibió 19 pedidos de juicio político. Algunos fueron motorizados por Elisa Carrió –aliada, por entonces, de Macri–. Otros por Laura Alonso, una de las más férreas seguidoras del líder del PRO. Otros fueron impulsados por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo –de clara impronta conservadora– o por esposas de genocidas como Ana Magi, que está casada con Ernesto “Nabo” Barreiro.
“Pepín” empezó a tallar en el tema para finales de 2017. El 4 de septiembre de ese año, visitó a Gustavo Arribas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El 13 de octubre, el diario Clarín publicó el teléfono de una de las hijas de Gils Carbó. A los seis días, el juez Pablo Cayssials firmó un fallo diciendo que la jefa de los fiscales podía ser destituida por un simple decreto, sin pasar por un juicio político.
Una semana después, el fiscal Gabriel de Vedia se reunió con Rodríguez Simón en la Casa Rosada. Según declaró de Vedia fue a pedirle que cesara el hostigamiento sobre su jefa, pero salió con una amenaza: “O renuncia o las metemos presas a las hijas y a ella. En ese orden”. A los cuatro días, Gils Carbó dejó su cargo. El puesto nunca más se pudo ocupar y está interinamente en manos del procurador fiscal ante la Corte Eduardo Casal.
Para la jueza Capuchetti, no hubo delito en lo que sufrió Gils Carbó ni otros jueces o fiscales que fueron parte de la investigación que se inició en diciembre de 2019 –antes de que Macri dejara el gobierno.
Para el fiscal del caso, Franco Picardi, la decisión de la magistrada fue prematura y especialmente inentendible en el caso de “Pepín”, que sigue los avatares de sus causas judiciales — la de la mesa judicial y la de las presiones a los dueños del Grupo Indalo (que sigue en pie en el juzgado de María Servini– desde su cómodo “exilio” en Uruguay. En su apelación, Picardi le recordó a la jueza que ella misma había autorizado analizar las comunicaciones del operador de Macri, pero que le sacó la instrucción de la causa cuando él estaba en pleno trámite.
Los argumentos
Si bien en las últimas horas se hicieron públicos, Capuchetti firmó los sobreseimientos en noviembre pasado, una semana antes de que Javier Milei ganara el balotaje y cuando ya estaba sellada su alianza con Macri. Fue a partir de un pedido que hizo otro de los imputados en la causa, el exministro de Justicia Germán Garavano. La presentación de Garavano –que compartía abogado con “Pepín” en ese expediente– se concretó el 17 de agosto del año pasado, es decir, cuatro días después de que Milei diera el batacazo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En el expediente, se abordaron distintos casos. Entre otros, los casos de los jueces del Trabajo que votaron en contra de los intereses del macrismo –Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Graciela Marino, Gregorio Corach, Néstor Rodríguez Brunengo y Enrique Arias Gibert. También se indagó en la situación de la jueza de la Casación Federal Ana María Figueroa, quien recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia para pedirle que apurara un fallo sobre el Memorándum con Irán, o la de la camarista civil Marcela Pérez Pardo y el excamarista Eduardo Freiler. También se contempló por qué Eduardo Farah se vio forzado a pedir el pase desde la Cámara Federal de Comodoro Py y las intimidaciones a la jueza federal de San Martín Martina Forns. Lo mismo que la persecución que el macrismo puso en marcha contra el juez Alejo Ramos Padilla, que destapó el escándalo del espionaje que orbitaba alrededor de Marcelo D’Alessio.
Capuchetti tomó el argumento central de Garavano: que no hubo denuncia de las presiones al momento de sufrirlas –es decir, en plena administración Cambiemos– y que, por ser funcionarios o funcionarias públicas, estaban obligados a denunciar. De esa forma, la jueza desestimó la hipótesis del fiscal Picardi, quien sostuvo que el accionar de la mesa judicial estaba orientado por las visitas a jueces y fiscales con fines intimidatorios –como la que habría encabezado el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca a la Cámara del fuero para “consensuar” fallos–, las presiones en los medios de comunicación y las denuncias en el Consejo de la Magistratura por la orientación de sus resoluciones.
“No se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia”, escribió Capuchetti. “Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, agregó la jueza.
Además, Capuchetti afirmó que “escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada” y que “las presentaciones por faltas disciplinarias presentadas ante el Consejo de la Magistratura, así como las acciones y decisiones de los consejeros encargados de investigar y resolver estas denuncias, no deberían ser vistas como una amenaza inminente para el funcionamiento adecuado de las instituciones judiciales”, añadió Capuchetti, que asumió como jueza durante el gobierno de Macri.
La decisión de Capuchetti no solo beneficia a Macri, Rodríguez Simón y Garavano, sino que también favorece a Triaca, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y, entre otros, a la legisladora Graciela Ocaña.
El fallo tendrá que ser revisado, después de la feria, por la Cámara Federal porteña, donde el macrismo pisa fuerte –como en todo Comodoro Py. En las últimas semanas, hubo un reguero de fallos favorables: le confirmaron el sobreseimiento a Macri por el espionaje a las familias del ARA San Juan, sobreseyeron a los jueces viajeros, así como desvincularon de causas a Patricia Bullrich y a Santiago Bausili, el titular del Banco Central.
En diciembre también les dictaron una falta de mérito a todos los funcionarios provinciales, espías de la AFI y empresarios que fueron grabados mientras concertaban cómo meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Lo curioso es que el fallo ordenó investigar a quienes habían denunciado la maniobra. Si bien Capuchetti no avanza en esa línea, sí responsabiliza a las víctimas.
Página/12