Antes de dejar el Ministerio de Seguridad, decidió reivindicar a Ramón Falcón –asesino de obreros a principios del siglo XX– y a Alberto Villar, torturador y perseguidor de militantes de los años ’70.
Después de ganar las elecciones para el Senado en la Ciudad con más del 50 por ciento, Patricia Bullrich radicalizó sus posturas. En menos de 24 horas, fungió como oradora principal en La Derecha Fest, donde se mostró junto con la activista pro impunidad Cecilia Pando, quien se movía como su sombra, e hizo una reivindicación de la represión que ha sabido desplegar la Policía Federal Argentina (PFA) a lo largo de su historia. A pocos días de dejar su cargo como ministra de Seguridad, Bullrich ordenó que la escuela de cadetes vuelva a llevar el nombre de Ramón Falcón, recordado por reprimir y asesinar obreros a principios del siglo XX, y que la de suboficiales vuelva a nombrarse Alberto Villar, recordado torturador, integrante de la Triple A y perseguidor de los militantes de los años ‘70.
En la noche del jueves, Bullrich se paró frente al público que llenaba el auditorio Belgrano en La Derecha Fest, el evento que suelen agitar Agustín Laje y Nicolás Márquez. Bullrich arrancó algunos aplausos cuando dijo que, con el Código Penal que ella está promoviendo, si un pibe roba un celular, terminará doce años preso.
A un costado del escenario, la escuchaba Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), como ella llama a los represores de la última dictadura. Pando, que vestía unos pantalones acampanados, registraba lo que decía la ministra con su celular.
Junto a Pando estaba Carlos Manfroni, jefe de gabinete de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Excolumnista de la revista Cabildo, Manfroni había publicado en La Nación durante la campaña de 2023, que los equipos de Bullrich trabajaban en una solución para los represores presos.
Para algunos, parte de esa solución llegó el jueves 23 de octubre con el fallo en el que la Corte Suprema dijo que no puede haber persona que esté detenida en prisión preventiva –es decir, sin condena firme– por más de tres años. Para hacerlo, eligió el caso de Carlos Ernesto “Indio” Castillo, un cabecilla de la banda de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Pando celebró el fallo de la Corte en redes sociales. En X y en Facebook, exhibió sus retratos con la ministra de Seguridad. Pando había apoyado la candidatura presidencial de Bullrich en 2023. En ese momento, para apuntalar a su elegida, Pando había prendido el ventilador contra su otrora compinche Victoria Villarruel, que acompañaba en la fórmula a Javier Milei.
Pando deslizó en X que Villarruel no escribía los libros que firmaba y que, en realidad, le prestaba el nombre a Alberto Eduardo González, un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en ese campo de concentración. González, como el abuelo materno de la actual vice, se había dedicado a la historia dentro de la Marina.
El marido de Pando, el mayor retirado Pedro Mercado, también deschavó a Villarruel. En un largo posteo en Facebook, contó que era ella quien organizaba visitas a la casa del dictador Jorge Rafael Videla mientras estaba en prisión domiciliaria, ocasión en la que él conoció a Videla. Mercado también relató que habían compartido una cena con Villarruel y su entonces marido, Andrés Robiolio, para festejar que las damas habían interrumpido el discurso que Néstor Kirchner dio por el Día de la Mujer de 2006 en la Casa Rosada.
En agosto pasado, cuando Milei ya la calificaba como “bruta traidora”, Pando aprovechó para arremeter contra su exaliada. “Los juicios (de lesa humanidad) lamentablemente continúan”, se quejó con amargura en una entrevista radial. “Todos teníamos esperanzas de que ella pudiera meter el tema, de que se comenzaran a hacer las cosas bien, pero con las peleas, ahora el Presidente no va a querer ni hablar del tema”, se lamentó.
Ante el próximo desembarco de Bullrich en el Senado, Pando vuelve a afilarse las uñas contra Villarruel. Por ahora, la presidenta de la Cámara Alta se mantiene en silencio.
Patricia, la restauradora
El viernes, Bullrich encabezó el acto por los 204 años de la PFA. La ministra dijo que el gobierno de Milei había producido una “valorización total y absoluta de la institución”. La escuchaban a metros el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y la número dos de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien Bullrich pretende ungir como su sucesora. Estaban también Manuel Adorni –que ese mismo día pasó de vocero a jefe de Gabinete sin escalas– y el camarista Mariano Borinsky, uno de los redactores del proyecto de Código Penal ultrapunitivista que Bullrich presentó en la cárcel de Ezeiza.
Bullrich les agradeció a los uniformados sus aportes en la represión. “La PFA ha estado al frente desde el primer día evitando que se tergiversen las cosas en la Argentina, que las calles sean de los ciudadanos y no más de aquellos grupos que las invadían todos y cada uno de los días y que impedían que el país tuviera la normalidad del orden”, se enorgulleció la ministra, que lucía un traje azul a tono con los uniformes de la PFA.
Desde el atril, y envalentonada con el resultado de las elecciones, Bullrich ensalzó a Milei, a quien definió como “un presidente pro PFA”, y los diferenció de otros gobiernos que consideraban a la fuerza una adversaria del Estado.
Bullrich dedicó su gestión a mostrarse como antítesis del kirchnerismo. Lo primero que hizo fue derogar la resolución de Nilda Garré que regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social. Una de sus últimas medidas será dar marcha atrás con otra resolución de Garré, la 167/2011, que había ordenado que las escuelas donde se forman los aspirantes a la fuerza no llevaran nombres de represores.
Hasta abril de 2011, la escuela de cadetes llevaba el nombre de Falcón. Garré decidió que se lo reemplazara por el de Juan Pirker, el jefe de la PFA de Raúl Alfonsín que murió en febrero de 1989 mientras estaba en funciones. La escuela de suboficiales llevaba desde diciembre de 1974 el de Villar y fue modificado por el de Enrique O’Gorman, que había conducido la fuerza entre 1867 y 1874. O’Gorman había prohibido que a los detenidos se los sujetara a barras y cepos por considerarlos instrumentos de tortura.
“Esta escuela nació por un policía, Ramón Falcón, quien le dio una orientación y que además fundó esta escuela. Por una cuestión ideológica, le sacaron el nombre y yo instruyo al jefe de la PFA para devolver la verdad. Es para nosotros un valor innegociable”, dijo con tono provocador Bullrich.
Militar de profesión, Falcón se convirtió en jefe de la policía en 1906. A su mando, los efectivos entraron en los conventillos para perseguir a los inquilinos que no podían pagar los alquileres y reprimieron también sus manifestaciones. Lo mismo hicieron el 1 de mayo de 1909, operativo que dejó más de una decena de muertos y derivó en lo que se conoce como la Semana Roja. En noviembre de ese año, Simón Radowitzky, un militante anarquista, arrojó una bomba contra el coche en el que se desplazaba el jefe policial, que lo mató a él y a su asistente.
Bullrich también justificó la vuelta de Villar, jefe de la PFA en 1974, recordado, entre otras cosas, por haber ingresado con las tanquetas a la sede del Partido Justicialista (PJ) donde se estaban velando a los fusilados de la masacre de Trelew de agosto de 1972. Villar, que fue parte de la Triple A, murió en un atentado el 1 de noviembre de 1974 mientras paseaba en su lancha con su esposa.
“Les guste o no les guste, Villar fue asesinado. Y fue asesinado en la violencia de los ‘70”, gritó Bullrich con la elocuencia de los conversos. “No queremos que la ideología antipolicía sea la que domine las escuelas y que puedan volver a tener los nombres de los que fueron asesinados por ser policías. Estamos cambiando una filosofía que regía en nuestro país, donde siempre el victimario era el policía y la víctima, el delincuente. Lo dimos vuelta”, se enorgulleció la ministra.
Bullrich camina entre la provocación y la restauración de los símbolos de la represión. Desde que desembarcó como ministra de Javier Milei, hizo varios gestos en ese sentido. En mayo del año pasado, montó una campaña de prensa para decir que no enviaría la información que le solicitaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante la dictadura. La ministra dijo que se trataba de un “organismo militante”, pese a que funciona bajo la órbita del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
Semanas antes, había dado de baja las recompensas que se pagaban a quienes aportaran datos para encontrar a los represores prófugos. Desde el Ministerio argumentaron que preferían destinar los fondos a otros temas, como la lucha contra el narcotráfico. Una de las querellas –la que encabezan los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri– recordó esta circunstancia al pedir que se rechacen los pedidos de los represores que actuaron en la masacre de la calle Corro para que los liberen.
Página/12