Patricia Bullrich tuvo un particular modo de conmemorar los 48 años del último golpe de Estado: dejó caer las recompensas que pagaba el Estado nacional a quienes aportaran datos que permitieran localizar a los prófugos requeridos en causas por delitos contra la humanidad. La decisión de la ministra de Seguridad se enmarca dentro del llamado del presidente Javier Milei a iniciar una nueva “era de reconciliación con las Fuerzas Armadas”.
Hasta el 24 de marzo había 22 fotografías de represores que eran buscados por el Estado argentino y por los cuales se ofrecía una recompensa de 5.000.000 de pesos. Desde el lunes, solo queda una sola imagen: la de Aníbal Miguel Sánchez, un oficial del Ejército que estuvo a cargo del área de Personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.
Desde 2008, el Estado argentino puso en marcha un fondo de recompensas para contribuir en la búsqueda de la justicia. Se creó a través de la ley 26.375. En su artículo 6, esta norma establece que el ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce meses a partir de la fecha de la resolución que la establezca. Dice también la ley que se puede prorrogar sin límite o restablecerse conforme lo considere la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación, en este caso, es el Ministerio de Seguridad que capitanea Bullrich. La ministra aprovechó que el 24 de marzo se cumplieron los doce meses desde que Aníbal Fernández firmó la resolución 189/2023 y, de esa forma, se dieron de baja las compensaciones para quienes aporten datos para encontrar a 21 represores.
Solo quedó la recompensa por Sánchez –que había sido pedida por el juez federal Daniel Rafecas– porque la resolución que la otorgó se firmó el 11 de abril del año pasado. Siguiendo la lógica de Bullrich y compañía, la compensación debería caer la semana próxima.
Página/12 consultó a los voceros del Ministerio de Seguridad, pero no explicaron el porqué de la decisión –que es a todas luces una determinación política porque la ley establece que la recompensa es prorrogable por la autoridad de aplicación. Esto implica que no hace falta que los jueces renueven todos los años el pedido.
“Estamos poniendo el dinero en casos gravísimos en Rosario”, se atajaron los voceros ante una consulta del diario La Nación. Lo cierto es que las autoridades no tienen que desembolsar sumas todos los meses para pagar información por los prófugos de lesa. Su “baja” parece obedecer a un nuevo gesto del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) hacia los que reclaman impunidad para los crímenes cometidos durante la última dictadura. En campaña, Bullrich había prometido una “solución” para los militares injustamente presos.
Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 36 personas en rebeldía en las causas de lesa. En la jurisdicción de Bahía Blanca hay dos prófugos: Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno. De Arroyo hay una publicación que lo da por muerto, pero no existe certificación alguna en la causa. García Moreno se fugó en 2008 cuando lo convocó un juez.
Tras enterarse de que ya no figuraba en la web la recompensa por estos dos casos, el fiscal federal Miguel Palazzani le envió un oficio al Ministerio de Seguridad. Le preguntó a Bullrich si efectivamente había dado de baja la compensación y, en tal caso, le solicitó que las recompensas sean restablecidas con carácter inmediato y que se actualicen los montos que se ofrecen.
“No conozco la razones por las cuales se tomó esta decisión, pero afecta el proceso de justicia. Desconozco si se tomó la misma determinación con los prófugos por delitos menos graves que los de lesa humanidad”, le dijo Palazzani a Página/12.
En la megacausa por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hay tres prófugos. Uno es Roberto Oscar González, que fue encontrado en Brasil pero la justicia local niega su extradición. También está Juan Carlos Linarez, oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en rebeldía desde 2009, y Jorge Vildoza –que, según la familia, falleció en Sudáfrica, pero para la justicia argentina la documentación aportada era falsa.
“Es sumamente sugestivo lo que pasó. Haremos alguna presentación para que los tribunales insistan con la permanencia de la recompensa”, le dijo a este diario el fiscal Félix Crous, a cargo de la unidad que interviene en los juicios por crímenes cometidos en la ESMA.
“Esta decisión nos permite comprobar que efectivamente desde todos los ámbitos del Estado nacional se van a llevar adelante políticas de impunidad, trascendiendo el plano discursivo y el simbólico”, opinó la abogada querellante Guadalupe Godoy.
Bullrich no solo está a cargo de la búsqueda de los genocidas prófugos –que ya mostró que no tiene empeño en continuar– sino que también tiene bajo su responsabilidad a aquellos que están presos en las cárceles federales. Antes del aniversario del golpe, el periodista Carlos Pagni había publicado que la ministra trabajaba en alguna resolución para favorecer la excarcelación de los detenidos de lesa. No hubo novedades en ese sentido porque Bullrich no puede pasar por encima de la decisión de los jueces.
“Las enormes movilizaciones que se realizaron en todo el país este 24 de marzo fueron un mensaje potente a este gobierno negacionista: no es fácil instaurar la impunidad de los genocidas en nuestro país. Eso no quita que tenemos que estar alertas porque pueden establecer por vía administrativa trampas como éstas para que vayan quedando la mayoría libres”, apuntó, por su lado, la diputada del FIT Myriam Bregman en diálogo con este diario.
Desde Unión por la Patria (UxP), Victoria Montenegro repudió el accionar de Bullrich. “Esto hay que entenderlo en el marco del mensaje que dio el Presidente de reconciliación con las Fuerzas Armadas, el posicionamiento de la vicepresidenta, los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos y el desmantelamiento del área del Ministerio de Defensa que investigaba para las causas de lesa humanidad. El Estado argentino asumió responsabilidades con respecto al juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Circunstancialmente Javier Milei gestiona el Estado argentino pero eso no lo pone por encima de las leyes ni de las obligaciones que tiene que cumplir el Estado”, resaltó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.
Página/12