Con la firma de la ministra de Seguridad en el Boletín oficial se publicó la resolución 499/24 mediante la cual crea la Unidad de Seguridad Productiva dependiente de la Dirección Nacional de despliegue territorial. La decisión se tomó en momentos en los cuales el Senado de la Nación se aprestaba a aprobar, con cambios, el proyecto de ley Bases.
Allí, entre otros agregados, la cámara alta incluyó un artículo mediante el cual dispone la causalidad de despido por “grave injuria laboral” para los trabajadores que bloquearan u ocuparan establecimientos. A la vez, en otro artículo, anula la prohibición de los despidos discriminatorios reemplazándola por el reconocimiento de apenas una indemnización especial.
Una y otra norma resultan coherentes y hasta complementarias. El gobierno pretende cercenar al extremo el derecho a la protesta en el contexto de una profundización del ajuste y la recesión que plantean un horizonte de despidos y cierres de empresas. En la misma estrategia se enmarca la persecución política y judicial que desarrolla el juez Sebastián Casanello contra los dirigentes de las organizaciones piqueteras que, entre otros puntos, reclaman la restitución de la comida para los comedores populares y la actualización de los montos de los planes Potenciar Trabajo.
Allanar el camino al gran capital
La creación de la Unidad de Seguridad Productiva también encuentra coherencia con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) que crea la misma ley y que pretende allanar el camino de gravámenes y obligaciones tributarias para el ingreso de inversiones extranjeras y la remisión (fuga) de sus utilidades. El nuevo organismo de seguridad servirá también para garantizar a las empresas un camino allanado frente a conflictos sindicales que pudieran ocurrir al interior de las mismas o, también, los que pudieran producirse entre las compañías extractivistas y las comunidades en las que piensen radicarse.
Sobran ejemplo en el país de comunidades que, con la movilización popular, rechazaron la implantación de mineras contaminantes. Gran parte de la estrategia económica del gobierno pasa por la explotación del litio y el desarrollo de Vaca Muerta de la mano del capital foráneo.
Por eso la resolución ratifica la “competencia” de la cartera conducida por Patricia Bullrich “en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías”. La nueva unidad apunta a asistir a las empresas que “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”.
La misma Patricia Bullirch en la presentación del proyecto señaló que “el país necesita seguridad en aquellas áreas donde la gran inversión es un objetivo”. En tono amenazante la ministra de Seguridad adelantó que “no vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas como manera de impedir la producción del país. Hay que cuidar a los que tienen sus empresas y dan trabajo y lograr que el costo argentino baje”.
La norma dispone que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.
Manos libres
La resolución explicita como una de los principales propósitos del organismo el de “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieran un cuidado especial”.
A la vez concede la atribución de actuar “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional”y, vale remarcarlo, “en la opinión pública”.
Para encabezar la tarea fue designado Alfredo Culatto como responsable de la Unidad de Seguridad Productiva para lo que deberá abandonar la Dirección de Fiscalización de Operaciones y Despliegue.
La determinación de las actuaciones y la evaluación del alcance de los riesgos y sus potencialidades, sin embargo, no será un atributo de organismos dependientes de la cartera económica o de Producción sino que quedan “exclusivamente a criterio de esta cartera (de Seguridad) o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”.
Críticas
El especialista del Taller de Estudios Laborales (TEL) Oscar Martínez señaló a este diario que “no son otra cosa que fuerzas de ocupación de Patricia Bullrich y el gran capital en los lugares de trabajo. Es como si la Patagonia rebelde atacara de nuevo”.
Para Martínez “Bullrich organiza una fuerza policial-militar de despliegue rápido y ocupación de territorio con total libertad de acción y sin tener que rendir cuentas a nadie. Es abiertamente contra los trabajadores. Suena a algo similar a habilitar fuerzas de ocupación extranjeras, fuerzas antiterroristas o, como tristemente dijo Ricardo Balbín, contra la ‘guerrilla fabril’”.
Para el titular del TEL, en definitiva, “es un intento de dar garantías a las grandes empresas que vengan por el RIGI. No ponen ningún límite al capital, no conceden ningún derecho a los trabajadores y permiten que todas las ganancias se vayan al exterior. Solo les falta aprobar la pena de muerte para un trabajador que se rebele”, ironizó.
Tiempo Argentino