“Lo que se pone en juego en estas elecciones es nada más ni nada menos que la democracia como la hemos concebido, el Estado de Derecho, la República en sí”, afirmó en declaraciones a esta agencia el periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero, quien evaluó que desde su llegada al poder, Bukele se ha caracterizado por “destruir” la democracia que se había empezado a construir luego de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a los enfrentamientos entre el Gobierno y la guerrilla.
“Le están dando al presidente, que ya desde el 4 de febrero se convertiría en presidente electo inconstitucional, una carta blanca”, alertó Romero, en referencia a que la Constitución prohíbe expresamente la reelección.
Sin embargo, la mayoría obtenida por Bukele en las elecciones de medio término (2021) le permitió al mandatario sustituir, sin proceso legal, a los jueces de la Sala Constitucional por otros afines a su partido, Nuevas Ideas, que reinterpretaron el texto y habilitaron la reelección.
Para Romero, lo que hay en El Salvador es una “dictadura”, no en la forma de hacerse del poder, sino en la forma de ejercerlo.
“Son estas dictaduras, yo le llamaría del siglo XXI, en las que se accede al poder a través de las vías democráticas y ya estando allí ejerces una dictadura, empiezas a cooptar el Estado mediante procesos democráticos, te vales de la misma democracia para matarla”, expresó antes de lamentar que, sin embargo, una gran mayoría de los salvadoreños apoya al Presidente por su política de seguridad contra las maras, que tiene en la “megacárcel” su símbolo más visible.
Según la última encuesta elaborada por Observa El Salvador 2024, un consorcio formado por ocho organizaciones civiles, Bukele obtendría el 70,9% de los votos, mientras que los opositores unidos no llegarían ni al 10%: Manuel Flores, candidato del Frente Nacional Farabundo Martí (FMLN), sacaría un 2,9%, seguido por Joel Sánchez, de Arena, con el 2,7% y Luis Parada, de Nuestro Tiempo, con el 1,1%. El quinto lugar, con el 0,6% lo compartirían Marina Murillo de Fraternidad Patriota Salvadoreña y José Renderos de Fuerza Solidaria.
De confirmarse los números, Bukele conseguiría 57 de las 60 bancas, con lo que reforzaría su control de la Asamblea Legislativa, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso en el recinto. El FMLN obtendría dos bancas y Arena una.
Los demás partidos, en tanto, enfrentan la posibilidad de perder su personería jurídica, dado que de acuerdo con la ley electoral salvadoreña, las agrupaciones políticas deben obtener un mínimo de 50.000 votos o al menos un escaño para conservarla.
Así que buena parte de los partidos opositores, ya en crisis interna ante un nuevo escenario político en el que no han sabido elaborar propuestas tentadoras para el electorado, se enfrentan ahora a la posibilidad de desaparecer.
“Estamos en el umbral de un Gobierno que busca la acumulación de poder”, coincidió en declaraciones a Télam la investigadora de la ONG salvadoreña Cristosal Karen Estrada, quien evaluó que con la reelección de Bukele se abre “una ventana a un gobierno autoritario en el sentido de que no tiene límites en cuestiones de pesos y contrapesos institucionales y de un fortalecimiento del brazo coercitivo”.
Sobre el enorme apoyo a Bukele, Estrada subrayó que “popularidad no se traduce en democracia” y mencionó el informe del instituto de investigación sueco V-Dem de 2023, que clasifica a El Salvador como una autocracia electoral, es decir, “es un tipo de gobierno autocrático, pero con elecciones”,
Romero, por su parte, vaticinó que en su nuevo mandato, Bukele, se va a sentir “más empoderado para empezar a perseguir a periodistas, a miembros de organizaciones sociales que vienen denunciando violaciones graves a los derechos humanos, como los asesinatos de civiles en las cárceles, que fueron detenidos durante el régimen de excepción de forma arbitraria bajo el señalamiento de pertenecer a pandillas”.
Desde marzo de 2022 rige un estado de excepción que le ha permitido a Bukele, quien dice estar “bendecido por Dios”, detener a miles de personas sin ninguna orden judicial. Organismos de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios y como respuesta, Bukele los acusa de defender pandilleros.
Esa medida se fue extendiendo desde entonces, pese a que la Constitución prevé que dure 30 días con posibilidad de prorrogarla solo una vez.
“Llevamos dos años sin poder hacer valer muchos de nuestros derechos constitucionales ante las autoridades del Estado. Somos potenciales presos de las autoridades del Estado”, criticó Romero, quien sostiene que es probable que eso se acentúe en un próximo mandato.
“Muy probablemente vamos a empezar a tener más presos políticos, a ver persecución contra periodistas y una consolidación del autoritarismo dibujado de bienestar cuando no existe bienestar”, aseguró Romero, quien remarcó que la economía “está en declive” y no hay ningún horizonte de que la situación pueda arreglarse, por lo que vaticinó “empobrecimiento y reducción del poder adquisitivo de las personas”.
Sobre la política de seguridad y el supuesto fin de las pandillas, Romero señaló que pese a la drástica caída en la tasa de homicidios que exponen cifras oficiales, no es tan exitosa como la muestran, dado que el “germen de las pandillas sigue vivo y activo”.
“Las condiciones que llevaron a jóvenes marginados de la sociedad a integrar estos grupos criminales no han cambiado en El Salvador. La desigualdad sigue y ha aumentado. La pobreza extrema se ha duplicado desde la mitad de la gestión presidencial de Nayib Bukele”, afirmó.
La pobreza alcanza al 29% de la población, según la CEPAL, y muchos salvadoreños siguen emigrando a Estados Unidos en busca de trabajo.
“Las desigualdades económicas ahora son más marcadas y tenemos más pobreza en el país, pero la gente todavía no lo está sintiendo. Y es por eso que el Presidente goza de un amplio apoyo”, manifestó.
Pero a medida que las expectativas de la población vayan más allá de la seguridad, es posible que el mandatario pierda ese apoyo.
“Dicen que hemos pasado a ser el segundo país más seguro, pero ¿seguridad en relación con qué?”, preguntó la politóloga salvadoreña Claudia Suárez. “Todavía no podemos decir que yo pueda andar en la calle tranquilamente sin tener el riesgo que la misma policía me pare y me haga algo”, advirtió.
Suárez, también médica salubrista, destacó, por otro lado, que no se conoce el plan del Gobierno porque no han presentado su plataforma electoral, algo que ya había ocurrido en 2019, cuando en lugar de eso, Bukele abrió un sitio web para que la ciudadanía hiciera allí sus pedidos.
Esas peticiones se tradujeron entonces en un plan, que apenas se ha cumplido; por ejemplo, la promesa de reconstrucción de hospitales quedó en una mera reforma “estética”.
“El Seguro Social trabaja en remodelaciones y eso hace ver como que fuera otro centro de atención y no es así, solo son remodelaciones, pero no ha crecido, no hay una infraestructura sanitaria que pueda ofrecerle al usuario la atención de calidad que se merece con la tecnología que se merece”, dijo Suárez a Télam.
Cinco millones de ciudadanos están habilitados para votar en El Salvador, donde históricamente la participación ha rondado entre el 40% y el 60%, cifra que se estima se mantendrán mañana en la contienda con resultado sin margen para sorpresas.
Télam