El Gobierno se beneficia debido a que la maniobra hace desaparecer de la estadística más de 900 mil personas en mora. A la vez, crecen las deudas que los bancos sacan de sus balances como “irrecuperables”.
La principal herramienta de política económica y financiera de la administración libertaria es el “dibujo”. Dibujar partidas que no se transfieren, ajustes que no se sostienen, deuda que crece pero no se computa y, ahora, una morosidad que se dispara a niveles más que alarmantes pero se oculta. De acuerdo con los relevamientos privados, sobre la base de estadísticas oficiales del Banco Central, el dato de morosidad de los hogares en septiembre arrojará una baja importante que no se condice con la realidad de los hogares, donde los salarios siguen perdiendo poder de compra con sus ingresos y el costo del crédito sigue siendo altísimo. Es cierto que una parte importante de esa deuda en mora se refinanció en septiembre, lo que arrojó un volumen récord de pedaleo de los compromisos. Pero la baja de la morosidad de las familias en septiembre, que el Banco Central anticipó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) y que el gobierno de Milei se apura a presentar como el fin del ciclo de deterioro del crédito, tiene una explicación bastante menos virtuosa que la mejora en los ingresos de los hogares: firmas financieras y fideicomisos compraron una parte de las carteras de deudores impagos.
La primera entrega de la base de la Central de Deudores (CENDEU) correspondiente a septiembre llegó con una “inusual falta de información”, según advierte un informe del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), que detectó que la cantidad de entidades que informan sus relaciones de deuda es casi un 20 por ciento menor a las que lo habían hecho en agosto”. El faltante no está repartido entre los distintos tipos de acreedores: se concentra en el segmento que agrupa a los deudores más complicados del sistema, que son justamente los que tienen sus deudas en manos de empresas que compran carteras incobrables para cobrarlas por vía extrajudicial o judicial.
“El BCRA está escondiendo a los deudores morosos”, denuncia el informe elaborado en el marco del Mapa de la Deuda que sigue el CEC. En agosto informaron sus carteras 21 entidades del llamado Mercado Secundario, mientras que en septiembre aparecen solamente cinco. En términos de personas, el universo de deudores en mora registrados por esas firmas pasó de 961 mil en agosto a apenas 38 mil en septiembre, lo que implica que el 96 por ciento de los morosos que estaban siendo perseguidos por estos acreedores dejó de figurar en la estadística de un mes para el otro. El informe aclara que “no se observa una reducción de información tan anormal para ninguna otra categoría de acreedor de la base de datos” y, si bien admite en una nota al pie que la versión inicial de cada base suele tener faltantes, sostiene que “la particularidad de la base de septiembre parece estar fuera de lo habitual”.
Las entidades del mercado secundario son fideicomisos y empresas que adquieren a bancos, financieras y comercios las carteras de deudores que ya dejaron de pagar, con el objetivo de gestionar el cobro mediante negociación o judicialización. Por definición, casi la totalidad de las personas que figuran en sus registros están en situación irregular. Según el cálculo del CEC, la tasa de mora del total de las familias argentinas se reduce más de 1 punto porcentual solo por esta omisión particular en la base de datos, y la conclusión del documento es que “la mora no bajó, se redujo la cantidad de personas en mora que están siendo contabilizadas”. De reincorporar a los 900 mil deudores que quedaron fuera del registro, la tasa de morosidad seguiría creciendo unos pocos puntos porcentuales, y la cantidad de personas con deudas impagas en septiembre habría aumentado un 5 por ciento respecto de agosto, hasta superar las 6.200.000.
El dato contrasta con el tono que adoptó la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili, socio en la actividad privada (y también pública) del ministro de Economía, Luis Caputo. En el Recuadro 4 del IPOM del tercer trimestre, el BCRA informó que la irregularidad del crédito bancario descendió del 7,75 por ciento en agosto al 7,5 por ciento en septiembre, con una caída más pronunciada en las familias, del 12,81 al 12,2 por ciento, y se mostró optimista al señalar que “el descenso reciente de la mora favorece el ciclo de crédito bancario”. Las mismas cifras habían sido adelantadas por la consultora 1816, y consignadas por El Destape, y desde la administración libertaria aprovecharon el dato para sostener que el pico de morosidad ya había quedado atrás. Los datos oficiales definitivos se conocerán recién el 20 de noviembre.
La serie que venía publicándose mes a mes no mostraba ninguna señal de alivio en la cantidad de personas endeudadas. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también elaborado con datos de la Central de Deudores, contabilizó 5.962.892 personas con deudas en situación irregular en agosto, 27.173 más que en julio, lo que equivale al 37,2 por ciento de la población económicamente activa. En provincias como Santa Cruz, Catamarca y San Luis, los morosos superan la mitad de la PEA. Sobre esa base, el salto que estima el CEC para septiembre ubica la cantidad de deudores en mora por encima de los 6,2 millones, en lugar de la mejora que sugiere el indicador agregado.
Las deudas que salen del balance
El segundo mecanismo que señala el informe no depende de la falta de información, sino de una práctica contable que crece a medida que se agrava el problema. La cantidad de personas que figuran en la categoría “Irrecuperables en Partidas fuera de Balance” en los reportes de las entidades financieras, principalmente las bancarias, aumentó un 15 por ciento en los últimos cuatro meses, mientras que el monto de esa deuda “escondida” creció un 40 por ciento desde junio. Se trata de créditos que los bancos dan por perdidos y retiran de sus activos, de modo que, al no figurar en los balances, no se computan en el cálculo de la tasa de mora de las entidades que difunde el BCRA.
El CEC aclara que esa registración “es una obligación de las entidades por normativa, que cuida los balances de los bancos, pero no elimina el problema de endeudamiento familiar”. La persona que dejó de pagar sigue teniendo la deuda, sigue apareciendo en los registros de riesgo crediticio y sigue expuesta a gestiones de cobranza, pero deja de engrosar el porcentaje de cartera irregular que se usa como termómetro del sistema, según explicaron desde el equipo del CEC. En septiembre, el monto que los bancos tienen bajo esa categoría representa un 30 por ciento del monto total en mora de las entidades bancarias, una proporción que, según el informe, tiene un impacto “más que considerable en reducir el indicador de mora que se cuenta a la sociedad”.
“Son los estudios jurídicos que a través de fideicomisos o empresas, compran la cartera de deuda de morosos. Generalmente, de morosos es más de seis meses. Se lo compran las entidades financieras que lo venden así y se lo sacan de sus balances. Los bancos privados principalmente, pero son todos. Las billeteras también. Son varias entidades que venden. Después salen a perseguir a la gente”, explicó a El Destape Lisandro Mondino, del equipo de CEC. “El valor de mercado de esa deuda es menos del 10 por ciento del valor de deuda total; o sea, vos debías 100 pesos y la venden a 8 y el que te compró eso a 8 te va a perseguir por los 100 por ciento con amenaza judicial, con llamar a tu familia, a tus empleados, a los trabajadores, como compañeros de trabajo y amigos; todas esas historias de hostigamiento que hemos escuchado, que dan vueltas, porque la cantidad de gente es monstruosa”, agrega Mondino.
“Realmente, hace dos años había poco más de 100.000 personas reportadas por estas entidades del mercado secundario, como que tenían esas carteras de deuda, y en el último dato de septiembre son más de 900.000. O sea que se multiplicó casi por 10. Es realmente muchísimo, muchísimo. Y ese hostigamiento además es ilegal”, agrega el analista. De acuerdo con estas cifras relevadas, la mayoría de las personas tomó una deuda cuando el crédito creció en Argentina en el recupero de la economía después del desplome de 2024. El crédito se frenó, dejó de crecer a mediados de 2025 y para el final de ese año dejó de crecer en términos reales el crédito. Por su parte, los bancos solo refinancian a los deudores morososos en etapa 1 o 2, pero no a los “incobrables”, que quedan a merced de los fondos “buitre” argentinos.
A esa salida contable se suma el récord de refinanciaciones, que también contribuye a maquillar el indicador. El saldo refinanciado alcanzó en septiembre el 3,9 por ciento del crédito total a las familias, con un volumen estimado de 2,9 billones de pesos, según el informe de 1816. La refinanciación permite reordenar vencimientos y volver a contabilizar como vigente una deuda que presentaba atrasos, lo que reduce el saldo registrado como moroso sin que eso implique una mejora en la capacidad de pago de los hogares. La consultora Econviews advirtió que “uno de cada cinco pesos que entró en mora en septiembre venía de una deuda ya refinanciada”, y estimó que la mora en los proveedores no bancarios de crédito se mantiene en torno al 31 por ciento.
El mismo IPOM reconoce, aunque sin extraer de ello conclusiones sobre la política económica, que las condiciones de financiamiento para los hogares siguen siendo gravosas. El BCRA señaló que, a mediados de 2026, el nivel de las tasas activas para los individuos “se mantenía elevado, todavía representando 3/4 del pico del costo financiero preelectoral”, mientras que para las empresas se redujo a un quinto de ese pico, de la mano de la baja del riesgo país. Las familias que tomaron deuda para cubrir gastos corrientes, en un contexto de salarios estancados y consumo deprimido, siguen pagando tasas cercanas a las del momento de mayor tensión financiera.
El informe del CEC advierte sobre la intencionalidad de las justificaciones oficiales, resaltando “la coincidencia entre la necesidad del gobierno nacional de mostrar un cambio en la tendencia de la morosidad en familias y la exclusión llamativamente sesgada de la información provista en la nueva base de datos de CENDEU de septiembre”. La omisión no afecta de manera pareja a todos los acreedores, sino que recae casi exclusivamente sobre el segmento donde se concentran los deudores en peor situación, que son los que ya fueron vendidos por sus acreedores originales a empresas de cobranza. El resultado es un indicador que mejora justo en el mes en que el equipo económico que lidera Caputo necesitaba exhibir una reversión en uno de los problemas sociales más visibles del modelo.
El documento sostiene, además, que “el fenómeno contable de esconder a los irrecuperables permite mostrar indicadores contables que ‘mejoran’ mientras la cantidad de gente en mora de la sociedad argentina no para de crecer”. La combinación de los tres factores (entidades que dejan de informar, deudas que pasan a cuentas fuera de balance y refinanciaciones récord) explica buena parte de la diferencia entre la baja de la morosidad que difunde el BCRA y la evolución de la cantidad de personas que no pueden pagar sus deudas, que según el CEC volvió a aumentar.
El Destape