El gobierno de Axel Kicillof avanzará con una multa de hasta $1.815 millones contra Mercado Libre en caso de que la plataforma del empresario fetiche de Javier Milei, Marcos Galperín, no elimine una serie de cláusulas que se advierten como “abusivas” en contratos de adhesión y que atentarían contra la Ley de Defensa del Consumidor.
El Ministerio de Producción a cargo de Augusto Costa abrió una actuación de oficio en la que analizó tanto las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, así como los términos y condiciones de préstamos personales y de préstamo para compras y pagos de Mercado Pago.
En la Provincia aclararon que la fiscalización se inició independientemente de la avalancha de denuncias individuales que, en jurisdicción bonaerense, alcanzan las 2.396 presentaciones sólo en los primeros cuatro meses de 2026, lo que coloca a Mercado Libre como la empresa con más reclamos en la provincia.
Del análisis realizado, en el ministerio de Augusto Costa advirtieron que se identificaron más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, que consagran “un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de las y los consumidores”.
Los puntos observados tienen que ver con la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales, el traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta y la compensación entre cuentas.
También, se efectuaron alertas por la cláusula de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor.
Frente a eso, en el gobierno de Kicillof adelantaron que si Mercado Libre no formula una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas, puede ser sancionada con una multa de hasta 1.815 millones de pesos.
Por lo pronto, la empresa de Galperín -radicado desde 2019 en Uruguay- tiene un plazo de cinco días hábiles “para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en La Plata”.
Kicillof y Galperín protagonizaron un cruce el año pasado, cuando el empresario se hizo eco de dichos de Toto Caputo en el que acusaba al gobernador de crear un nuevo impuesto a las billeteras virtuales, algo que fue desmentido por Kicillof.
En paralelo al fuerte alineamiento con el gobierno libertario, Galperín aún sigue envuelto en una disputa judicial con la gestión del axelista Fernando Espinoza por la obra del nuevo centro de almacenamiento de Mercado Libre en La Matanza.
Como contó LPO, en 2024 el municipio matancero clausuró la obra por no contar con habilitación municipal. Cautelar mediante, la obra retomó pero la comuna apeló y la causa sigue abierta.
A priori, en la causa contra la Municipalidad de La Matanza actuaba Plaza Logística, la desarrolladora de la obra de 56 mil metros cuadrados que apunta a duplicar el procesamiento de productos de Mercado Libre, de 200 mil a 400 mil por día.
En esa empresa desconocen las facultades de policía del Municipio para interferir en la obra y sostienen que la competencia es de la Corporación del Mercado Central, a la que aseguran haber presentado los estudios de factibilidad de obra.
Con esa disputa en proceso, en septiembre del año pasado se presentó a la Justicia, en adhesión a lo expuesto por Plaza Logística, MELI LOG S.R.L., la que, como su nombre lo indica, es la firma de logística de Mercado Libre.
La Política Online