Hace un mes, cuando se conocieron los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aparecieron las condiciones que se negociaron. Y más allá de las pautas financieras, monetarias y cambiarias, se ven tres proyectos que están en la hoja de ruta del gobierno del presidente Javier Milei. Se trata de las reformas impositiva, previsional y laboral.
De las tres, sólo hay una que tiene fecha cercana: los cambios en materia de impuestos que, según los términos del staff report, es un documento elaborado por los funcionarios del organismo en conjunto con los miembros del equipo económico, que deberían tener terminado como borrador en diciembre de 2025 para ser debatido el año próximo en el Congreso.
Más allá de este párrafo, el Gobierno ya trabaja en la modificación tributaria. ¿Qué planea? Cambios en el IVA de una manera drástica, intentar eliminar el impuesto al cheque a fin de año y recurrir a una resolución para sentar a la mesa a las provincias con una medida que tendrá un enorme impacto en la recaudación de Ingresos Brutos provinciales.
Antes de desmenuzar los planes, que recién avanza con los primeros palotes, un párrafo para las otras dos reformas comprometidas: la previsional y la laboral. La primera debería tener un proyecto terminado a fines de 2026, siempre de acuerdo con el compromiso con el Fondo; la que modificaría la legislación laboral no tiene fecha, al menos, en ese reporte.
Los planes impositivos
El proyecto que anticipa el nuevo panorama del IVA ya fue puesto sobre la mesa por el ministro Luis Caputo. “Vamos a dividir el IVA entre la Nación y las provincias. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA”, explicó hace una semana en una entrevista con el streaming La Casa.
La base de esta historia está en la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, uno de los rediles inexpugnables para el diálogo político y donde se expresa la enorme inoperancia de la democracia argentina. La primera ley de coparticipación (número 20.221) es del 21 de marzo de 1973, sancionada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse.
Finalmente, en 1988, en la presidencia de Raúl Alfonsín, se estableció la tabla que se utiliza actualmente mediante la sanción de la ley 23.548.
Lo que vino después fue la provincialización de Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, ambos, territorios nacionales. La autonomía es obra de la Constitución de 1994, que estableció que en los dos años subsiguientes, es decir, hasta 1996, se sancione una nueva ley de coparticipación. Hasta ese momento, y en forma excepcional, a la Ciudad se le transferirá dinero que le corresponde a la Nación y no a las provincias.
La política argentina jamás avanzó en una solución sobre el asunto. Pasaron casi 30 años y la cosa sigue igual. Actualmente, la Nación se queda con 42,34% mientras que 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática. El 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. A esta división entre el gobierno central y las provincias se la conoce como coparticipación primaria. De ahí se calcula ese 9% que, según el ministro, será el IVA nacional.
Pero el punto clave es que este es un impuesto que las provincias delegaron en la Nación para que lo recaude en forma unificada y que está creado por ley del Congreso. Con lo cual, la Casa Rosada no puede hacer lo que quiera con el asunto, sostienen los gobernadores.
Si el proyecto Caputo avanza, los productos de todo el país tendrán un IVA unificado de 9%. El resto será cuestión de cada provincia. La pregunta que surge es qué porcentaje podría poner cada provincia. Y la respuesta es que cada distrito podría poner el número que quiera.
Para analizar el porcentaje que adicionaría cada provincia hay que mirar el otro proyecto que baraja el Gobierno y que pone en alerta a varios jefes provinciales.
La Nación evalúa qué hacer con el impuesto a los créditos y débitos, el llamado “impuesto al cheque”. Acá es necesario otro ejercicio de retrospectiva. Aquel tributo nació el 27 de marzo de 2001, una semana después que asumiese como ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se instauró como provisorio y por poco más de un año, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2002. Hace días, cumplió 24 años.
Ese impuesto, del que se coparticipa una parte, se recauda a través del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) cuando el dinero entra o sale de una cuenta corriente de una caja de ahorros de una persona física o jurídica. Justamente, ese mismo mecanismo es el que utilizan las provincias para cobrar los Ingresos Brutos que aplican sobre la actividad y que se han convertido en una de las principales quejas impositivas de los empresarios.
Ahora sí, de regreso a los borradores. En la Casa Rosada hacen cuentas como para intentar desactivar el impuesto al cheque a fin de 2025. Contados los cuatro primeros meses del año, este tributo que quedó en la ley de Competitividad es responsable del 7% del total de la recaudación. En esos papeles de trabajo anotan justamente esto, la caída en su recaudación, pero saborean otro efecto que tendría bajar la alícuota a cero, posibilidad que el Congreso le entregó en aquella ley al Poder Ejecutivo.
El punto es que si el Gobierno deja de cobrarlo, además de alegrar a cuanto empresario, comerciante o profesional hay en la Argentina y que tiene su actividad bancarizada, podría hacer una jugada importante: mediante una resolución del Banco Central, prohibir a todos los bancos de la Argentina recaudar impuestos de terceros.
Obviamente, las entidades no retendrían más el impuesto al cheque, pero tampoco podrían quedarse con los débitos por Ingresos Brutos que hacen sobre el dinero de los usuarios bancarios. Dicho de otra manera, la Nación ya no pide recaudar su impuesto y no deja que las provincias usen ese mecanismo.
La medida, técnica y puntual, sería un golpe letal para algunas provincias, que tienen armados sus esquemas de recaudación a partir de enormes débitos en las cuentas bancarias, sean corrientes o cajas de ahorros. Misiones y Chaco, dos casos extremos, tendrían que rehacer sus estructuras tributarias, ya que realizan retenciones por adelantos de Ingresos Brutos que suelen terminar por generar millonarios saldos a favor del contribuyente que pocas veces se pueden recuperar.
En mayor o menor medida, esta recaudación de impuestos, muy fácil de juntar ya que se hace por el dinero que pasa por las cuentas, se terminaría. La maniobra sería una manera de imponer alguna restricción, aunque sea indirecta, a la potestad provincial de legislar sus Ingresos Brutos, un área en la que la Nación nada puede hacer.
Empieza a jugar, ahora sí, el IVA. Si las provincias pierden esta manera de cobrar impuestos y la Nación impone a los productos un IVA general, con la potestad de que cada distrito fije su alícuota, cambiaría radicalmente la ecuación de ingresos de las que desde hace años son las más beneficiadas por el actual esquema de coparticipación.
Por ejemplo, Formosa, Catamarca, La Rioja o La Pampa, de las que disfrutan del actual régimen, reciben la coparticipación de la aplicación del IVA de la totalidad de las ventas del país. Es decir, todo producto que se vende en cualquier rincón de la Argentina y que paga hoy el IVA tiene un pequeño porcentaje que va cada a provincia. Si se impone el nuevo modelo que está en lápiz en los borradores oficiales, sólo cobraría por la actividad en su provincia.
Así las cosas, ¿qué porcentaje de IVA provincial debería colocar cada gobernador para compensar esos miles de millones que perderá por las ventas en todo el país? Imposible de saber. Sin embargo, sí habrá una regla: aquellas que tengan mayor actividad económica seguramente podrán ir con alícuotas más bajas ya que, en principio, hay un volumen más grande de contribuyentes. Por poner un ejemplo, es posible que Córdoba, Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires puedan colocar porcentajes menores que Tierra del Fuego, Formosa, Catamarca, La Pampa o Santa Cruz, algunas de las que tienen mayor coparticipación per cápita.
El debate por los cambios impositivos ya empezó. En el medio, claro, se filtran varios pedidos de las provincias por fondos que la Nación les debe. Reclamos previsionales, ATN no repartidos, juicios en la Corte y hasta bienes que pasarían de manos nacionales a distritales como compensación por deudas. En principio, nada que tenga que ver con el IVA se podría modificar sin pasar por el Congreso, a diferencia de la prohibición a los bancos para que no puedan cobrar impuestos, que podría ir por simple resolución del Banco Central.
El borrador debería estar listo antes de fin de año. Y las mesas donde se negocia están agitadas. De hecho hay dos entidades que comparten siglas que seguramente serán centrales en lo que viene: la Comisión Federal de Impuestos, la CFI, y el Consejo Federal de Inversiones, el CFI. Allí se preparan las sillas para el ida y vuelta de la reforma impositiva, uno de los proyectos que desvela a los funcionarios que se valen de la caja, pero más aún, a los agobiados contribuyentes.
La Nación