“El Ministerio Público está solicitando la pena máxima para estos señores, que vendrían a ser 22 ciudadanos actualmente imputados. Debemos tomar en cuenta que la pena máxima por el delito de terrorismo es de 20 años de presidio”, dijo en conferencia de prensa el fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez.
La acusación formal contempla tres delitos: terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Según Tórrez, se ha identificado con precisión el rol desempeñado por cada uno de los acusados en los hechos.
La investigación se remonta al 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar, encabezado por Zúñiga, irrumpió con tanques en la plaza Murillo, epicentro del poder político en La Paz, e intentó tomar por la fuerza el Palacio de Gobierno. La operación fue rápidamente neutralizada por fuerzas leales al presidente Luis Arce.
De los 22 imputados, 17 son militares, entre ellos Zúñiga, además de los exjefes militares Juan Arnéz Salvador y Marcelo Javier Zegarra, señalados como autores principales de la intentona golpista. Los otros cinco acusados son civiles, procesados por complicidad, para quienes se pidió una condena de 15 años de prisión.
El fiscal aseguró que existen elementos sólidos para sustentar la acusación en el juicio. Entre las pruebas presentadas se incluyen más de 143 declaraciones testimoniales, documentos, imágenes y videos que, según la Fiscalía, permiten reconstruir la cadena de mando y los niveles de participación en la operación.
En la actualidad más de 100 personas han sido implicadas en la investigación penal. Al menos una veintena permanece en detención preventiva, y cinco altos mandos militares han sido dados de baja de manera definitiva por su presunta responsabilidad.
Página/12