Kevin Nielsen, miembro del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, se refirió al debate que se viene dando en torno a bajar la edad de imputabilidad y remarcó que uno de los principales problemas relativo a la reforma de la ley penal es la evaluación del impacto en el mundo real. “Generalmente, se suele legislar con un sentido simbólico, para dar mensajes, no está mal, la sociedad necesita mensajes. Pero no se piensa en las consecuencias reales de las reformas”, afirmó en los estudios de CIUDAD TV, .
Trazó un paralelismo con otros países que estiman cálculos estadísticos en relación a la repercusión de determinadas reformas. Sin embargo, señaló que “nuestro sistema de encierro a nivel país está absolutamente colapsado”. “Tenemos una superpoblación muy preocupante las penitenciarías y alarmante en las comisarías de todo el país, Chaco no es la excepción”.
Sostuvo, en relación a esto, que cuando se debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se lo hace sin conocer la realidad del contexto de encierro donde hoy están alojados los adolescentes punibles, los de 16 a 18 años. “En ningún lugar del debate está cuál es la realidad que hoy sí está documentada: lugares en condiciones deplorables, sin cumplir los objetivos socioeducativos exigidos por la ley”.
Dijo que, si bien de la legislación propuesta, dos sí establecen el abordaje especial con enfoques centrados en la educación, la contención cultural, “en la letra de la ley es muy lindo, pero en los lugares que hoy ya deberían funcionar así, funcionan muy mal. Son muy similares a cárceles de adultos con condiciones, a veces, aún peores”.
“Creo que no están preparados, sobre todo los Estados provinciales, que serán los que deberán hacerse cargo de este problema, a menudo no son consultados sobre estas iniciativas, para albergar a esta nueva población penal”, subrayó.
Evaluó que la creación de nuevos espacios es costoso, lo que plantea dudas sobre si esos fondos podrían utilizarse mejor.
Explicó que el sistema penal tiende a centrarse en el encarcelamiento después de incidentes graves, descuidando las medidas preventivas. “El Estado ya detectó que tenían un conflicto con la ley penal, falta de contención familiar, educativa, consumos problemáticos de sustancias y se hace lo que siempre se hizo que es pensar que con el encierro, que siempre llega después de un hecho muy grave, vamos a solucionar un problema que los Estados no están pudiendo solucionar antes”.
Aseguró que existen medidas penales alternativas más allá del encarcelamiento, como las iniciativas comunitarias, que son más eficaces para prevenir delitos graves.
Recordó que las normas internacionales dictan que los adolescentes deben estar alojados separados de los adultos. “Hoy en día, por ejemplo, en Chaco, hay una previsión absoluta a alojar a adolescentes en comisarías. Aquí en la provincia tenemos el centro socioeducativo Aldea Tres Horquetas, que es especializado y gestionado por civiles, con una seguridad perimetral. “Y esto tuvo que ver mucho con el litigio y con hábeas corpus mediante para que ese lugar esté relativamente en buenas condiciones”, mencionó.
Comentó que en otras provincias, los adolescentes en detención a menudo enfrentan duras condiciones, incluido el confinamiento prolongado, que puede empeorar su estado psicológico. “Este abordaje penal está agravando el problema, destruyendo la psiquis de los adolescentes que lo atraviesan”, advirtió.
Nielsen recalcó que el Estado debe estar presente en las comunidades, ofreciendo apoyo a través de clubes, escuelas y centros comunitarios.
El encierro desde los 14 y el fracaso del Estado
Advirtió Nielsen que en este momento se está frente a un Estado que cambió el enfoque y que en vez de invertir en estos lugares alternativos para prevenir el delito, para contener a los adolescentes desde otra órbita, avanza en un proyecto que seguramente será ley para que “a partir de los 14 años la respuesta sea el encierro y todo indicaría que en las mismas condiciones que son alojados los adolescentes hoy en día”.
Mencionó que los delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 16 años, como el homicidio, “son raros” pero reciben una atención mediática desproporcionada.
Remarcó que los debates legislativos carecen de una amplia consulta pública con expertos en pedagogía y desarrollo cognitivo adolescente, no hay audiencia pública.
Aseguró que el Estado tiene dificultades para manejar los delitos graves cometidos por adolescentes, como el homicidio. Pero aclaró que “no es un Estado impotente”. Y mencionó también una violencia en escalada a la hora de cometerse un delito.
Advirtió que cuando los adolescentes cometen delitos, a menudo es un indicador de fallos dentro del sistema. Desmitificó que los jóvenes de entre 14 y 15 años que cometen delitos son entregados a sus padres y aseguró que “son institucionalizados e implica privación de libertad en los llamados “hogares”.
Habló también de una “negligencia” estatal frente a la existencia de áreas estatales específicas para abordar situaciones de abandono y abuso de sustancias, pero que a menudo carecen de fondos de inversión para sostenerlos. Comparó las inversión en materia de uniformados frente a la de recursos humanos para fortalecer estas instituciones y el servicio que deben brindar.
Aseguró que invertir en programas sociales y apoyo comunitario es más rentable que el encarcelamiento, aunque reconoció que para el Estado “es más fácil”
Advirtió que el encarcelamiento, especialmente en malas condiciones, puede conducir a una mayor inseguridad a corto plazo. “Nosotros vemos hoy un fracaso cuando un adolescente comete un delito grave. Pero lo que no vemos es como el Estado fracasó antes”, dijo.
Nielsen afirmó que no se trata de un problema exclusivo de Argentina; sino que es un problema global.