La jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N°4, Vilma Almirón, miembro del Foro Penal Adolescente Juvenil de la Junta Federal de Cortes(JUFEJUS) y la Federación Argentina de Magistratura (FAM), se refirió a la propuesta que discute la reforma al Sistema de Justicia Penal Juvenil de Argentina (Ley 22278), una modificación que tal como lo afirmó “nos tiene muy preocupados a todos los operadores del sistema penal juvenil, de jueces y juezas de todo el país”.
Enfatizo que la oposición no es contra de todas las modificaciones, sino específicamente contra este proyecto en particular que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. “Todos estamos emitiendo comunicados y reuniéndonos, hablando y procurando hacer comprender a los legisladores la gravedad de este proyecto, y también a la sociedad, a la comunidad en general para que entienda que no es una oposición caprichosa”.
Recalcó la necesidad de avanzar en una reforma de la ley, pero alineados con los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño “que está por sobre toda legislación de Códigos Penales y Procesales y que nos indica el camino” y también las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño que recomiendan reformas acordes a esta normativa.
Rechazó que en uno de los principios planteados en la reforma “reza la frase ‘a delito de adulto, pena de adulto’, cuando en nuestro país tenemos una formación, un trabajo y toda una intervención desde Juzgados Especializados”, con jueces capacitados enfocados en la rehabilitación.
“Tenemos que ser resguardadores y custodios de la Constitución Nacional que nos da un norte y es la Convención de los Derechos del Niño”, remarcó.
Para la jueza Alonso, la reforma propuesta parece centrarse en reducir la edad de responsabilidad penal, lo que se considera un retroceso en derechos humanos. Y señaló que también organizaciones internacionales como UNICEF y la Red ven esto como una regresión.
Impacto en el sistema de justicia
Reducir la edad impactaría significativamente en los tribunales, reconoció la letrada en el caso de que se consideren sentencias similares a las de adultos para niños y adolescentes.
Mencionó que Argentina ya fue condenada internacionalmente en el caso Mendoza por aplicar penas de adulto a menores sin la debida graduación basada en el delito.
Puso énfasis en que el sistema actual prioriza la justicia restaurativa para jóvenes infractores, enfocándose en la reintegración social, el servicio comunitario y la reparación del daño, “lo que podría verse socavado por penas más severas”.
Habló también del sistema penitenciario porque no está preparado para manejar una afluencia de jóvenes condenados bajo sistemas penales de adultos, además de que carecen de instalaciones especializadas. “No hay lugar”, advirtió.
Influencia de los medios
La magistrada también habló sobre la cobertura mediática se centra en casos sensacionalistas que involucran a jóvenes infractores, lo que podría influye en la opinión pública a favor de penas más estrictas “sin reconocer las complejidades y los esfuerzos de rehabilitación”.
Potencial de inconstitucionalidad
La jueza Almirón, recaló que la reforma propuesta podría considerarse ilegal e inconstitucional, ya que puede contradecir la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.