Dos años y medio después del atentado a Cristina Kirchner estalló un conflicto entre la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, los dos funcionarios judiciales a cargo de la investigación del ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022. Sucede que en las últimas horas el representante del Ministerio Público le pidió a la magistrada que se desligue de investigar el tramo que aún no fue elevado a juicio para descartar sospechas de “forum shopping”.
El conflicto estalló días atrás cuando la jueza decidió reasumir el expediente que tenía como eje la investigación de la pista política en la que apareció involucrado el diputado nacional del PRO Gerardo Milman. Fue la propia magistrada la que había delegado en el fiscal ese tramo que no fue elevado a juicio y la que, de manera sorpresiva, decidió reasumirlo en los últimos días y cambiar el objeto de la investigación.
En esta nueva etapa del legajo, Milman parece no estar en el foco de atención de la jueza, que ahora apunta a dilucidar la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA) en el cumplimiento de las órdenes que emanó en los primeros días post atentado. El episodio principal es que Brenda Uliarte, la exnovia del atacante Fernando Sabag Montiel, se habría logrado escapar de una casa de la avenida Montes de Oca a pesar de tener una consigna en la puerta.
Esa situación, que ya se había ventilado en el marco del caso, volvió a escena en los últimos días con la publicación de un video en Clarín y la posterior citación de Capuchetti para que declaren cuatro efectivos de la PFA que hicieron el sumario investigativo de esas presuntas irregularidades.
El conflicto entre la jueza y el fiscal escaló hasta la Cámara Federal, que en las últimas horas convalidó la decisión de la jueza. Frente a ese escenario, este miércoles el fiscal Rívolo redobló la apuesta con un duro dictamen en el que le pidió a Capuchetti que mande a sorteo ese expediente y que sea otro Juzgado el que investigue a los efectivos federales.
«Si Vuestra Señoría entiende, aún sin pruebas ni elementos, que se deben investigar las falencias o irregularidades que habría cometido personal de la Policía Federal Argentina en el cumplimiento de diversas tareas de investigación que le fueran ordenadas por el Tribunal en las horas posteriores al ataque, o alguna otra cuestión, la Magistrada debe ordenar la extracción de testimonios para que sea otro Magistrado, completamente ajeno a los hechos, el que investigue tales sucesos», afirmó.
En el dictamen al que accedió Tiempo, el fiscal dejó en claro que el objeto procesal que se había delineado en ese tramo del expediente apuntaba «exclusivamente a identificar eventuales partícipes y/o autores intelectuales del atentado». En ese marco, añadió que «en dicha hipótesis no se incluye, en modo alguno, el involucramiento del personal de las fuerzas de seguridad actuantes».
Es por eso que le pidió que si la sospecha sobre la fuerza tiene «algún elemento objetivo de prueba» forme un nuevo caso y lo mande a sorteo, lo que catalogó como el «trámite conforme a la ley vigente». Para el fiscal, de antemano debe suspender las declaraciones de los cuatro efectivos policiales previstas para este jueves.
La sospecha de “forum shopping”
Pero una de las partes más álgidas es cuando el fiscal manifestó que «el límite legal que impone el principio de imparcialidad impone (sic) actuar el modo indicado más arriba (NdR: que mande el caso a otro Juzgado) para disipar cualquier sospecha de ‘forum shopping’ y, como consecuencia de ello, violar la garantía del juez natural, más aún en un caso de gravedad institucional como la que posee el presente».
El término hace referencia a la elección deliberada de un tribunal o juzgado para que investigue un hecho con el fin de obtener una resolución más amigable. Para evitarlo, la ley indica que los casos deben mandarse a sorteo para que sea el azar quien debe investigar. Y a los ojos de Rívolo, la maniobra de Capuchetti encuadraría en esa práctica.
La respuesta de Capuchetti, aún pendiente
Tras el dictamen, fuentes judiciales consultadas por Tiempo defendieron la postura del fiscal y marcaron que la manera en la que actuó Capuchetti da muestras objetivas de parcialidad. Y ratificaron que si la magistrada está convencida de que hay elementos para investigar tiene que formarse una pesquisa, pero no bajo la lupa de la propia jueza que en su momento dio las órdenes que los efectivos no habrían cumplido correctamente.
Para bancar la postura del fiscal, en Comodoro Py señalaron que Capuchetti debería hacer lo mismo que hizo tiempo cuando se denunció la ruptura de la cadena de custodia del celular de Sabag Montiel o cuando denunció por falso testimonio a Jorge Abello, el asesor del ex diputado nacional Marcos Cleri que dijo haber escuchado a Milman decir en el restorán Casablanca que «cuando la maten, yo estoy camino a la costa». Frente a ambos casos, la magistrada optó por extraer testimonios y mandarlos a sorteo.
Así las cosas, la jueza María Servini quedó a cargo de la investigación en torno a las fallas en la cadena de custodia del dañado celular del atacante, al cual todavía no se pudo ingresar para reconfigurar e intentar recuperar información. Por su parte, el juez Julián Ercolini se encargó de dilucidar si efectivamente el testigo que dio inicio a la «pista Milman» mintió en su testimonial.
Al cierre de esta nota, la jueza Capuchetti no se había pronunciado respecto al cuestionamiento de Rívolo, supo este medio.
Fuente: Tiempo Argentino