La desregulación del financiamiento público, el incremento en el precio de los medicamentos, los despidos de profesionales y la eliminación de programas de prevención, son algunos de los ejes sobre los que los autores colocaron la lupa.
Desde la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación de Médicos Generalistas realizaron un análisis del impacto que el DNU 70/23 (Bases para la reconstrucción de la economía argentina) tuvo en la salud de los argentinos. En el informe, que examina los “retrocesos estructurales y en derechos sociales”, los autores desmenuzan en diferentes secciones cómo fue el avance de la motosierra en materia de hospitales nacionales, la asfixia presupuestaria y la estrategia de licuación que marcó el colapso de programas federales como el Remediar; así como también el abandono de las políticas de prevención y la precarización de los recursos humanos.
Lo hacen con minucia técnica y ofrecen las cifras que marcaron el periodo que se extiende desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Aunque el informe ya está disponible, su presentación formal se realizará el 9 de diciembre a las 12 horas en la sede del Servicio de Paz y Justicia Argentina (Serpaj, en CABA) con la presencia del Nobel Adolfo Pérez Esquivel.
Así comienza el documento: “La historia de la salud pública en la República Argentina se encuentra en un punto de inflexión crítico“. Y refieren a una transformación estructural que excede la mera administración de recursos. La concepción del derecho a la salud fue reemplazada por un paradigma que define a la salud como mercancía. Una mano invisible del mercado que, pronto, desplazó al Estado y colonizó todas las esferas de la vida pública.
La licuadora a todo volumen
Uno de los grandes ejes que se destacan en el documento fue la desregulación del financiamiento de lo público. No se esperaba menos de un presidente que se autodefine como “el topo que viene a destruir al Estado”. La premisa la sostienen con cifras: según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto devengado por el Ministerio de Salud cayó un 28 por ciento en términos reales durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.
Un derrotero similar siguió la salud pública durante 2025. De hecho, según las proyecciones se estima una pérdida del poder adquisitivo real del 52 por ciento. En criollo, el sistema de salud tendrá la mitad de los recursos que tenía hace dos años.
Esta licuación de los fondos para el sector llevó consigo el “colapso” de programas federales. Uno de los más emblemáticos fue el Remediar, que se encargaba de proveer botiquines con medicamentos esenciales a más de 8 mil Centros de Atención Primaria de la Salud.
Medicamentos por las nubes
A partir del decreto 70/23, uno de los ejes en donde más se sintió el ajuste libertario en el campo de la salud fue el de los medicamentos. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), en el primer semestre de 2024, el gasto de bolsillo (es decir, los pagos directos que realizan los hogares para acceder a bienes y servicios de salud) trepó del 28 al 34 por ciento del gasto total en salud. Ese salto, en buena medida, tuvo que ver con el encarecimiento de los fármacos. La desregulación del mercado farmacéutico permitió “aumentos intermensuales del 20 al 40 por ciento en fármacos esenciales” para patologías crónicas como hipertensión, diabetes y dislipemias (alteraciones de los niveles de lípidos en sangre), apunta el documento.
Este aumento en los precios fue acompañado de otras desregulaciones que también tuvieron su impacto. Por ejemplo, es el caso del expendio de numerosos medicamentos de uso frecuente (protectores gástricos, antialérgicos y analgésicos) que pasaron de venta bajo receta a venta libre. Con este cambio, ya no tuvieron cobertura obligatoria por parte de las Obras Sociales y Prepagas, trasladando el costo al usuario. Como resultado, muchas personas debieron interrumpir sus tratamientos por no poder costear sus medicamentos.
Los hospitales que nadie cuida
El documento muestra cómo las diferentes instituciones de alta complejidad debieron afrontar problemas similares. Menciona el vaciamiento de recursos humanos en el Hospital Posadas (El Palomar), a partir del registro de 300 despidos. Profesionales que, en muchos casos, tenían décadas de experiencia en sus campos de experticia, como el ejemplo del servicio de Traumatología de miembro superior. Un área que, por falta de médicos, quedó inoperativa.
El Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos, también afrontó un asedio del estilo, pues, la motosierra se llevó 270 despidos, el equivalente al 30 por ciento de la planta de trabajadores. Asimismo, el estudio analiza lo que sucedió con el Hospital Garrahan, encargado de realizar el 50 por ciento de los trasplantes pediátricos del país y de atender el 35 por ciento de los casos de cáncer infantil.
El gobierno libertario, como indica el pasado reciente, ha llegado a vetar la Ley de emergencia pediátrica, que garantizaba el financiamiento de este hospital. Luego de meses de conflicto, el gobierno finalmente anunció un aumento del 60 por ciento sobre la asignación básica para sus trabajadores, becarios y residentes.
Sin prevención
El documento también se ocupa de examinar lo sucedido en materia de prevención. Por caso, fue desmantelado el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que había logrado reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente en los últimos años. Se redujo el presupuesto en un 70 por ciento, se desvinculó a más de 600 agentes territoriales que cumplían funciones en las provincias más perjudicadas y cayó un 64 por ciento la distribución de insumos de salud sexual y reproductiva (preservativos, anticonceptivos y medicamentos para iVe/ iLe). El mismo camino siguieron programas y direcciones que fueron diezmadas y desarticuladas, como las encargadas de garantizar la prevención en materia de VIH, hepatitis y tuberculosis.
Asimismo, en otros apartados, el documento evalúa el fin de la residencia como trabajo (la sustitución del contrato laboral por un sistema de becas); el desguace del sistema científico y nuclear; y analiza el caso del fentanilo contaminado.
Un diagnóstico minucioso y pormenorizado que detalla bien de cerca el rostro más preocupante de la debacle.
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