Carlos Londra, delegado gremial de la Seccional Nordeste de Vialidad Nacional, se refirió a la publicación del Decreto 461/2025 por parte del Gobierno nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En diálogo con la prensa, el dirigente detalló el impacto inmediato sobre los trabajadores y advirtió sobre la falta de información oficial.
“Efectivamente, hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 461, que elimina Vialidad Nacional y nos pasan a todos al Ministerio de Economía”, indicó Londra sobre el destino del personal del organismo. Explicó que la normativa establece que el personal continuará cumpliendo las mismas funciones, aunque bajo una estructura aún no definida. “Por lo menos eso es lo que dicen, debemos cumplir las mismas funciones en forma centralizada dentro del Ministerio”, señaló el representante de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
Londra agregó que se crearán “unidades organizativas” que reemplazarán a la estructura actual, pero remarcó que aún no hay precisiones sobre su alcance ni sobre cómo será integrada. “Se completará esa estructura con el personal y ahí sabremos si vamos a estar todos adentro o si va a haber gente despedida”, afirmó.
Según expresó, la única referencia concreta sobre posibles despidos proviene de comunicaciones previas del administrador general del organismo. “Pretendían una reducción del orden del 30% del personal. Ese 30% son aproximadamente 1.500 personas en todo el país, no sabemos si es proporcional a los distintos lugares”, advirtió. En el caso del distrito Nordeste, actualmente se desempeñan 151 trabajadores.
Aunque en el gremio se preveía una posible reestructuración, Londra aseguró que “la disolución nunca la tuvimos como una posibilidad y hoy estamos en una disolución”. También destacó que los trabajadores aún no recibieron información oficial: “Todavía no tenemos ninguna comunicación con las autoridades. Los directivos son la patronal, nosotros somos los trabajadores y somos los que recibimos la consecuencia”.
En ese marco, se están llevando adelante asambleas en todo el país. “En todos los lugares de Vialidad Nacional está habiendo asambleas, está habiendo presentaciones en la justicia, medidas cautelares, y vamos a ver cómo evolucionan. Hoy todos estamos en estado de asamblea”, afirmó. Agregó que hay trabajadores que recién se están enterando de la situación: “Por nuestra función, hay gente que está en el interior trabajando, cumpliendo funciones. Esa gente se está enterando en este momento de la situación”.
El dirigente también repasó el deterioro que ha sufrido la actividad vial durante la actual gestión. “Estamos complicados desde la gestión de este gobierno, que tomó como decisión la obra pública cero, y eso tuvo consecuencias en nuestra actividad”, aseguró. Explicó que si bien hubo tareas de mantenimiento, los recursos fueron limitados y las decisiones se centralizaron: “Dejaban poco poder de decisión a las autoridades locales o a la gente de acá, con lo cual se torna muy ineficiente todo el trabajo que se puede realizar”.
En relación con la ejecución de obras, indicó que en el distrito sólo se retomaron dos proyectos, y que en el resto del país fueron 60. “El resto quedó paralizado. Por lo tanto, la actividad se ha reducido muchísimo y veníamos de una actividad reducida de las últimas gestiones. Por lo tanto, todo se ha agravado”, sostuvo.
Consultado sobre las concesiones, Londra señaló que no considera ese modelo como el más adecuado, aunque hoy representa una alternativa de financiamiento. “Para mí, las concesiones no son el mejor sistema, pero es lo único que hoy puede permitir financiar algo de las principales rutas troncales”, explicó. Sin embargo, advirtió sobre los antecedentes negativos: “Hace poco terminó la concesión de lo que era Camino del Río Uruguay, en la Ruta 12 y 14 en Entre Ríos y Corrientes, de la peor manera: con el concesionario quebrado, con el personal que no pudo cobrar la indemnización y con el camino destruido”.
Londra concluyó que el Estado debería asumir un rol activo en la planificación y el mantenimiento de la red vial. “El Estado es el que se encarga de licitar la concesión”, recordó, y subrayó que las decisiones adoptadas a través del decreto comprometen seriamente la infraestructura y los puestos de trabajo en todo el país.