La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció que el gobierno nacional presentó el rechazo formal de su inclusión en el listado de organizaciones argentinas en la Organización de Estados Americanos (OEA) por su posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La OEA había invitado a la organización feminista a la próxima Asamblea General, que tendrá lugar entre el 25 y 27 de junio en Antigua y Barbuda. “Si bien el Gobierno de Milei no tiene facultades para impedir la participación de una organización social argentina ante la OEA, entendemos que su objeción constituye un ataque contra CDD por su activismo en la defensa de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias, lo cual resulta de extrema gravedad institucional”, reclamó la organización en un comunicado.
“Tomamos esto como un intento de censura porque igual vamos a participar”, avisó una de las voceras de la Asociación Civil en una conferencia de prensa. El rechazo de la inclusión “es una reserva, un pie de página que pone el Estado Nacional en contra de una organización que ha luchado junto a todas las organizaciones feministas y de los sectores populares”.
Objeción en pie de página
El 4 de junio, durante la manifestación del Ni Una Menos, les llegó la copia de la presentación donde el gobierno declara que “expresamente se disocia de manera específica de la inclusión en el listado de organizaciones de origen argentino a la Asociación Civil por el Derecho a Decidir / Católicas por el Derecho a Decidir Argentina”.
Más adelante en la presentación formal de rechazo, el gobierno reiteró “su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción” y consideró que sólo deberían ser reconocidas por la OEA las organizaciones que respeten esa interpretación del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida y a su respeto integral.
Analía Mas, una de las abogadas de la organización explicó: “entendemos que ‘disociar’ se refiere a rechazar a Católicas por el Derecho a Decidir como una organización de la sociedad civil argentina”. Así, bajo el lema “No nos callamos. No retrocedemos. Unir las luchas es la tarea.”, la organización comenzó una campaña en redes como respuesta: “#NosDisociamosDelAutoritarismo”.
Para Mas, lo sucedido no sólo es una vergüenza internacional, sino que también es “un ridículo jurídico”, ya que desde diciembre del 2020 Argentina tiene la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “luego debates de muchísimos meses” y que un Estado Miembro “no tiene facultades para rechazar que una organización de la sociedad civil actúe ante la Organización de Estados Americanos”.
“Además es un ridículo porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la OEA, ha dicho numerosos fallos que el derecho a la vida no es absoluto y que lo integran tanto Estados que tienen habilitado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o que no lo tienen. Esta oposición no tiene ningún fundamento fáctico ni jurídico”, concluyó .
“Por otro lado, la misma Corte considera que cuando hablamos del derecho a la vida, para ser considerado tal, tiene que ser una vida digna”, agregó, recordando el contexto de crisis y la “hipocresía” del discurso oficial de “defender supuestamente esta vida desde la concepción, pero no les importa en absoluto los niñas y niñas que padecen cáncer, no les interesa en absoluto los niñas y niñas con discapacidad”, como dan cuenta los ataques del Gobierno a esos sectores que esta semana encontraron respuesta en la marcha multitudinaria del miércoles.
Patrón de hostigamiento
Rocío García Garro, coordinadora del área de litigio, contó que el proceso de incorporación en la Asamblea General en el que participan desde hace años fue normal, pero cuando la OEA publicó la comunicación oficial con la lista de organizaciones acreditadas, vieron la nota al final del documento. “Ahí el gobierno nacional se pronuncia sosteniendo que se disocia de Católicas por el Derecho a Decidir, atento a que el estado argentino es un Estado que defiende a la vida desde la concepción”, señaló.
Además de “hacer un ataque de manera directo y público” contra la organización “frente tanto a la OEA como a todos los Estados que formaban parte de esa reunión, es importante destacar que cierra el pie de página sosteniendo que debe haber más rigurosidad en el proceso de incorporación de las organizaciones de la sociedad civil. Con lo cual, esto que inicia siendo un ataque a Católicas… puede extenderse”, alertó García Garro.
“Este tipo de acciones se inscriben en un patrón de hostigamiento hacia las defensoras de DDHH, especialmente a quienes trabajamos con derechos de las mujeres y personas LGBTTTIQ+. Constituyen una persecución que vulnera los estándares internacionales deprotección a defensoras de DDHH, reconocidos por el Sistema Interamericano y por las Naciones Unidas. Se trata de un ataque a nuestra identidad, a nuestra trayectoria y a los valores que sostenemos: la justicia social, la autonomía, la pluralidad y la dignidad de las mujeres”, describieron.
“Tenemos la obligación de defendernos, de denunciar este atropello y este intento de silenciarnos. Está en juego la libertad de expresión, de asociación y de conciencia. El gobierno nacional no puede desconocer las leyes y seguiremos trabajando y haciendo alianzas para defendernos mutuamente”, contaron en la conferencia.
Página/12