La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que le había concedido la prisión domiciliaria a Gerardo Arráez, un exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Arráez fue uno de los represores que el año pasado participó del cónclave con diputados de La Libertad Avanza (LLA) en el penal de Ezeiza.
El 19 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 envió a su casa a Arráez. “Por las patologías actuales y el carácter evolutivo de las dolencias del encausado, su arresto domiciliario deviene la decisión más prudente en procura de la salvaguarda de su salud”, sostuvieron entonces los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Guillermo Costabel.
El fiscal Alejandro Alagia recurrió la decisión del TOF 2, al igual que las querellas. Uno de los puntos que plantearon fue que el tribunal no había evaluado que existían riesgos: Arráez había estado más de dos años prófugo. Tampoco se explicaba por qué no podía ser atendido por el Servicio Penitenciario Federal.
Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma les dieron la razón a las partes acusadoras: sostuvieron que la resolución carecía de la fundamentación mínima. Por el contrario, Guillermo Yacobucci entendió que había sido bien concedida la prisión domiciliaria.
Slokar fue enfático al señalar que Arráez debería ser reingresado inmediatamente a la Unidad 34 de Campo de Mayo. “En función de las constancias incorporadas del legajo, resulta posible garantizar el debido tratamiento en unidades del Servicio Penitenciario Federal e instituciones extramuros”, escribió.
Ledesma entendió que el TOF 2 no había contestado a los planteos de la fiscalía y las querellas, sobre todo en los que tenían que ver con la capacidad de Arráez de eludir la justicia. Para obtener la mayoría necesaria, ambos decidieron reenviar el tema al tribunal oral para que dicte una nueva resolución.
Arráez estuvo diez años en la PFA. Ingresó en 1970 y obtuvo la baja en 1980. Su nombre apareció en 1985 en una declaración del represor Juan Antonio del Cerro. Sin embargo, pasaron años hasta que fue detenido. Se había reciclado como abogado.
En el Banco y el Olimpo, los sobrevivientes recordaban a Arráez como “Nito”. Lo describían como especialmente religioso –tanto que hizo que un secuestrado construyera una capilla en el campo de concentración. Una ex detenida-desaparecida contó que él tomó fotos cuando ella estaba pariendo en el centro clandestino.
Arráez no solo posó en la foto de familia con los diputados oficialistas el año pasado: tiene vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según publicó El Destape, Arráez fue uno de los criminales de la dictadura que recibió las visitas de la presidenta de la Cámara Alta.
Página/12