La Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto, se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se volvió a discutir por la falta de designación de auditores en la Auditoría General de la Nación por parte de ambas cámaras. Por otra parte, se pasó a la firma el dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2018.
En el comienzo del encuentro, Pichetto le dio la palabra a Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría. “Indudablemente hay una preocupación, que es también del Congreso, de ambas cámaras, respecto a la acefalía que hoy tiene la Auditoría”, dijo el diputado sobre el órgano de control en el que se encuentran vacantes los tres representantes por la Cámara de Diputados y los tres por el Senado.
“Tenemos una profunda preocupación con lo que está pasando no sólo con la AGN sino con otros organismos de control”, expresó Quintana y lamentó que este tema “se ha convertido en algo complicado que pareciera a nadie le interesa y no sale en los medios”.
El representante de los trabajadores afirmó que “la Auditoría es un barco a la deriva” y luego reflexionó: “Para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Y eso no está pasando: hace dos años que no tenemos presupuesto, hace tres meses que no está funcionando la Auditoría y hace 25 años no está nombrado el defensor del Pueblo”.
Pichetto recordó que “le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras que hicieran los esfuerzos para completar la integración” y que reiterarían el pedido.
Por su parte, el diputado del Pro Álvaro González manifestó que “es la primera vez que pasa una cosa de estas características, que vengan los trabajadores a pedir que se nombren a los auditores. Es una mora que tiene el Congreso que debemos resolver lo antes posible”.
Mientras que el senador salteño Juan Carlos Romero resaltó que “esto ya no depende de las autoridades”. Y recordó que este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se pusieron a debate proyectos para reformar la Ley Orgánica de la AGN, no tuvo quórum y no estuvieron los senadores de La Libertad Avanza ni Unión por la Patria.
Por eso, propuso que se junten los jefes de bloques “y decidamos quiénes van a ser los auditores con la ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, de aprobarla y no sabemos que va a hacer Diputados, donde se ha presentado un proyecto exótico que cambia el equilibrio entre las cámaras”. “La intención de ese proyecto (en alusión al presentado por Martín Menem) es que no haya auditores”, aseveró.
Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, argumentó la ausencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque “existió una manipulación del tema de las comisiones” y “estamos esperando que vayan cumpliendo con la integración de las comisiones de forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento”. Sin embargo, durante el plenario sobre la Corte Suprema, algunos habían asistido.
En tanto, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, recordó que la semana pasada no se consiguió quórum en la sesión en la que pretendían votar las designaciones de dos auditores y cuestionó “la maniobra del oficialismo” poniendo en debate “un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados”.
Sobre esto, añadió que este miércoles “estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la Ley 24.156 modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores y la duración de los mandatos; sin siquiera diálogo de las dos cámaras. Pero no lo lograron”. “Es un mamarracho lo que están haciendo”, denunció y abogó por que “ojalá podamos lograr los acuerdos políticos necesarios que nos permitan avanzar en las designaciones de los auditores”.
Por La Libertad Avanza recogió el guante el diputado Julio Moreno Ovalle, quien observó que en el debate que se inició “hay un consenso muy fuerte en los proyectos de disminuir los mandatos” de los auditores. “Apelo a un consenso para poder modificar la composición”, dijo y afirmó: “Nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar”. Sin embargo, defendió la discusión de “un proyecto global” para reformar la AGN.
“Esto necesita un acuerdo de la política, llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente”, sostuvo la diputada de la UCR Soledad Carrizo, quien opinó que ese asunto debe ir de la mano con “el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos” y “antes de agosto o de las elecciones” de octubre, se pueda aprobar una nueva ley y también completar el organismo.
En coincidencia con Romero, Pichetto cerró: “Creo que tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir se nos va el año. Necesitamos buscar los acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo antes posible”. Y criticó que el proyecto de Menem “es totalmente inconstitucional” por lo que propone respecto de la elección del presidente de la AGN y la distribución de los representantes.
Sin aval de UP, pasaron a la firma el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018
Tras ese primer tramo, se puso a consideración la Cuenta de Inversión 2018. Al respecto, Pichetto informó que “hay una mayoría que va a votar la cuenta con un sentido de aprobación favorable, con observaciones, que son las del dictamen de minoría de la propia AGN”. En cuanto a las objeciones del dictamen de mayoría de los auditores, observó que “no eran de ninguna manera significativas”.
Sobre “el argumento de falta de legalidad del préstamo” del FMI tomado ese año por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador consideró que esto “ha tenido un saneamiento posterior”, cuando en el Congreso se ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán.
Vicepresidente de la bicameral, el senador de UP Mariano Recalde argumentó el dictamen de rechazo de su espacio y señaló que, a partir de este préstamo, “la deuda pública de la administración central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI”.
El porteño apuntó que el crédito “se tomó en condiciones no sólo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento” y negó que lo votado en 2022 haya sido “de ninguna manera un saneamiento”. Además, sobre el destino de los fondos, resaltó que “se utilizaron para la bicicleta financiera, la fuga de divisas y no hubo una sola obra de inversión”.
En igual sentido, el senador Mayans cuestionó que se recurrió al FMI “en una abierta manipulación política de la deuda argentina, sin pasar por el Congreso, como hacen ahora”. “Macri dijo que con eso se iba a reactivar a economía y, hablando mal y pronto, fue un desastre”, manifestó.
Por la UCR, el senador Víctor Zimmermann señaló que “se dice que no fue autorizado ni por ley ni por decreto”, pero estaba avalado a partir de lo que establece “el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera”. “Y posteriormente se votó la llamada Ley Guzmán (27.612), que convalidó el proceso anterior”, consideró.
También en contra, como sus pares, el diputado Martínez hizo mención a la marcha de personas con discapacidad reclamando por la ley de emergencia en las afueras del Congreso, donde “está la (Policía) Federal con armas en las manos”. “Este debate sobre la deuda de 2018 no está aislado de la motosierra de 2024 y 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy”, relacionó.
Al hacer referencia a la noticia de que se vuelve a “colocar deuda por mil millones de dólares”, el santafesino remarcó: “Es la primera operación de este tipo desde hace siete años. ¿Qué año era hace siete años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de eso? Caputo”. Y sentenció: “No hay ningún elemento de aval a la deuda de 2018”.
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