En la tarde de este jueves se realizó una inspección ocular en el predio Caraguatá, encabezada por el juez del Juzgado Civil y Comercial N.º 21, Dr. Julián Flores, con la participación de vecinos y vecinas, representantes de pueblos indígenas, activistas ambientales, funcionarios del municipio de Resistencia, concejales de la oposición y legisladores provinciales.
Durante el recorrido se constató la grave regresividad ambiental provocada por la intervención del municipio de Resistencia mediante el uso de topadoras y maquinaria pesada. Estas acciones generaron un fuerte impacto en la biodiversidad, afectando humedales, hierbas medicinales utilizadas por comunidades indígenas y vecinos, y alterando el hábitat de especies autóctonas.
La diputada Analia Flores expresó su profunda preocupación al detallar que “lo que encontramos es alarmante. El daño y la destrucción ocasionados no pueden naturalizarse. La protección de los recursos naturales es una responsabilidad indelegable del Estado y exige decisiones basadas en el derecho constitucional y en los principios rectores del ambiente, como los de progresividad y precaución”.
En este contexto, Flores recordó el pedido de preferencia para la próxima sesión de la Legislatura, con el objetivo de que el cuerpo intervenga de manera urgente en la defensa del Parque Caraguatá.
“La Legislatura debe garantizar que se respeten los derechos colectivos y que se detenga la destrucción de un área que constituye patrimonio ambiental y cultural de nuestra provincia. El Caraguatá no es solo territorio: es memoria, biodiversidad y vida. Su defensa es también la defensa de nuestra democracia ambiental y de los derechos de las generaciones presentes y futuras”, afirmó.