El exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera, y el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch, deberán responder por abuso deshonesto agravado y violación agravada en diferentes casos. El tribunal consideró que son “hechos interdependientes” de los que formaban parte de la acusación inicial.
El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín hizo lugar parcialmente a la ampliación de la acusación requerida por el titular de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción del Cuerpo I del Ejército, Félix Crous, y la auxiliar fiscal de esa oficina, Nuria Piñol, y habilitó a que en el debate en curso en el que juzga a cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea sea ampliada la acusación respecto de dos de ellos por violencia sexual ejercida contra algunas de las víctimas del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura militar.
“Se trata de hechos interdependientes que componen una unidad histórico-contextual con los que ya fueran descriptos en la requisitoria fiscal de elevación a juicio de la causa”, sostuvo el tribunal, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal, y en tal sentido precisó que “pueden ser válidamente abarcados por el supuesto de ‘delito continuado’” que contempla el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación como requisito para la ampliación de la acusación en el transcurso del debate.
De esta forma, el tribunal abrirá a prueba y examinará la responsabilidad del excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch, por un caso de abuso deshonesto agravado y dos violaciones agravadas, y del exteniente primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera, por los mismos delitos en cinco y diecinueve oportunidades, respectivamente.
El tribunal señaló que esos hechos “se encuentran indisolublemente relacionados [con los que integran la acusación desde el inicio del debate] pues se trata de la afectación de otro bien jurídico perteneciente a las mismas víctimas cuya privación ilegítima de libertad ya les fuera atribuida originariamente a los procesados, integrando de tal forma una concatenación delictiva producida en iguales circunstancias témporo-espaciales, bajo una similar u homogénea estructura criminal”.
En efecto, Crous y Piñol habían fundado en su pedido que “las mismas personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a tormentos sufrieron, en los mismos lugares, diversas formas de abuso sexual, y todos esos ilícitos ocurrieron en un mismo contexto y como consecuencia de decisiones tomadas por los mandos militares que aquí están siendo juzgados”. En este mismo sentido pusieron de relieve que “la violencia sexual fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas”.
Por otro lado, el tribunal no aceptó la ampliación de la acusación por el resto de los delitos que impulsaron los representantes del Ministerios Público Fiscal, que incluyeron allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos y abandono de personas, de los que fueron víctimas niños, niñas y otros adultos. Entendieron que los hechos afectaban a nuevas víctimas, que ya eran conocidos desde la instrucción y que no encuadraban en los motivos del art. 381 CPPN.
El fiscal Crous y la auxiliar fiscal Piñol habían acusado a Lynch y a Herrera también por esos delitos, y al excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), Julio César Leston. Sin embargo, a partir de la resolución del tribunal, la acusación respecto de este último no fue modificada, pues este exmilitar no había sido apuntado por delitos sexuales.
El juicio tiene un cuarto acusado que no fue objeto de la ampliación de la fiscalía: el excabo primero de la I Brigada Aérea de El Palomar, José Juan Zyska.
Los cuatro exmilitares llegaron a juicio en agosto de 2024 imputados por privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, agravados por diferentes circunstancias, y coacciones, en perjuicio de 111 víctimas.
Los hechos abordados en el juicio ocurrieron en el ámbito territorial de la denominada la Subzona militar 16, donde funcionó el circuito represivo integrado por los centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyT) que tuvieron sede en la RIBA, con asiento en Morón; la casona de Morón conocida como “Mansión Seré”; la Iª Brigada Aérea de El Palomar; la VII Brigada Aérea de Morón; la VIII Brigada Aérea de Moreno; y varias dependencias policiales, principalmente las comisarías de Castelar y Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el Destacamento de Paso del Rey.
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