“Técnicamente no es delito”, fue unas de las frases célebres que dejó Laura Alonso durante su paso por la secretaría de Lucha contra la Corrupción. Si bien el macrismo hizo de la prédica anticorrupción uno de sus caballitos de batalla, una auditoría reciente sobre esos años no sólo reveló un fuerte amiguismo con los funcionarios que tenía que controlar, sino una ineficiencia galopante. De todos los funcionarios que incumplieron con la obligación de presentar su declaración jurada ante la OA, en el período de Alonso solo fue denunciado el 3,84 por ciento. En el rubro de “conflictos de intereses”, hubo fuertes incoherencias en cómo intervino la secretaría en algunos casos sí y en otros, no.
Famosa por su discurso antiperonista extremo (algo en la que en estos tiempos ha sido superada por otras figuras), Alonso asumió la ex Oficina Anticorrupción luego de una reforma que eliminó el requisito de ser abogada. Desde ese lugar, prometió en la gestión de Macri ser inflexible con los corruptos. No obstante, fue sumando cuestionamientos por casos en los que, más que un organismo de control, parecía funcionar como abogada defensora de los funcionarios, dándoles instrucciones sobre cómo derivar la firma de documentos comprometedores para que no los denunciaran. También fue recordada su defensa de Macri en el caso del Correo Argentino. Pero una auditoría reciente de la Auditoría General de la Nación -relevada por el sitio elauditor.info- deja en números lo que fue el desempeño de Alonso en ese cargo.
La auditoría relevó el trabajo de la secretaría de Lucha contra la Corrupción (tal el nombre que adoptó en esa época la OA) entre los años 2016 y 2019. Lo primero que remarca el informe es que los datos para elaborarlo no fueron entregados de la forma habitual por el Ejecutivo, sino que tuvieron que recurrir a una acción judicial para que entregaran la información con la que luego se hizo la auditoría. Esto lo expusieron en una sesión ante el Colegio de Auditores.
La Auditoría se encontró con que, durante la gestión de Laura Alonso, hubo un muy bajo nivel de denuncias a los funcionarios que incumplieron su obligación de presentar las declaraciones juradas sobre su patrimonio y también revelaron una falta de seguimiento de los casos. Esta era una de las principales funciones de la OA: reunir las declaraciones juradas, publicarlas, confeccionar una lista de los incumplidores y hacer un análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios para detectar si existen casos de enriquecimiento ilícito.
También era el trabajo de Alonso intimar a los que no presentaran las declaraciones juradas y, en caso de que no lo hicieran, formular una denuncia penal. En sus años como funcionaria pública, incumplieron la normativa nada menos que 16.776 funcionarios. No obstante, Alonso solo denunció al 3,84 por ciento de los funcionarios incumplidores.
Además, en el 47 por ciento de los casos de incumplidores la secretaría que conducía Alonso ni siquiera mandó comunicaciones a las áreas de recursos humanos del ministerio en cuestión para que mandaran información sobre el estado de situación y las medidas adoptadas para resolver el incumplimento.
Y en el otro 53 por ciento de los casos, esas comunicaciones las mandaron tarde. Y cuando el informe dice “tarde” se refiere a demoras que llegaron a alcanzar dos años después del incumplimiento.
Al 3 por ciento que sí denunció, dice la auditoría, luego no “efectúa el seguimiento de las actuaciones”. El informe destaca que sobre una muestra de las denuncias, queda claro que el 58 por ciento fue derivada a otros organismos y se desentendieron del incumplimiento. La diferencia entre esto y el celo que mostraba Alonso para hablar de la corrupción de gobiernos anteriores es notoria.
Además de este dato, la auditoría remarcó que la OA no tenía el control del sistema donde se debían cargar las declaraciones juradas, lo que “debilita la función de control asignada”. También indicó que los listados de incumplidores se hacían de forma manual, en un Excell, y que se pedía informes a las áreas de cada ministerio, lo que impedía una actualización más rápida y daba lugar a errores de carga. Es decir, una forma de trabajo ineficiente.
Además, indicaron que para analizar la evolución patrimonial utilizaban solo información impositiva y “no representan fehacientemente la información requerida en términos de patrimonio”, lo que hacía más dificil detectar un incremento patrimonial desproporcionado.
El otro gran tema que debió encarar Alonso fueron los “conflictos de intereses”, esto es, cuando algún funcionario macrista intervenía en algún sector del que había formado parte en su actividad privada. Allí el informe encontró “inconsistencias en los criterios por los cuales la OA decide intervenir o no ante iguales casos de incumplimiento”. Ante condiciones igual, en algunos casos la OA decidía intervenir en una querella en algunos casos sí, y en otros, no.
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