En diálogo con CIUDAD TV, las concejalas opositoras de Resistencia, Lucila Masin y Soledad Villagra, advirtieron que de aprobarse el proyecto del edil oficialista Javier Dumrauf para cerrar la Oficina de Violencia Laboral, los empleados municipales de Resistencia quedarán sin protección ante situaciones de acoso y violencia laboral.
Las concejalas Lucila Masin y Soledad Villagra advirtieron públicamente que el oficialismo del Concejo Municipal de Resistencia llevaría a la próxima sesión el proyecto para cerrar la Oficina de Violencia Laboral de la Municipalidad, una medida que contaría con los votos necesarios del bloque mayoritario para ser aprobada pese a los informes negativos de organismos técnicos provinciales, entre ellos el Consejo de la Abogacía de Resistencia y el Instituto de Género. Ambas legisladoras advirtieron que, de concretarse, los empleados y empleadas municipales quedarán sin ningún canal institucional independiente al que recurrir ante situaciones de acoso o violencia en el ámbito de trabajo.
La medida impulsada por el oficialismo no solo derogaría la ordenanza que crea la Oficina, sino que dejó sin tratamiento un proyecto presentado por las propias concejalas hace nueve meses, orientado a dotar al organismo de autonomía, autarquía y presupuesto propio. “Nuestro proyecto apuntaba precisamente a que la oficina de violencia laboral pueda tener autonomía, autarquía, presupuesto propio, funcionamiento propio”, explicó Masin en diálogo con Ciudad TV, y señaló que la iniciativa fue directamente archivada sin pasar siquiera por debate en comisión.
En lugar de avanzar sobre ese proyecto, el concejal Javier Dumrauf —del bloque mayoritario— presentó la eliminación del organismo y su reemplazo por un convenio externo entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial. Villagra recordó que ese esquema de cooperación ya existía antes de la creación de la Oficina y que, en los hechos, representa un retroceso: los trabajadores que sufrieran acoso o violencia laboral deberían reportarlo ante su propio superior jerárquico, sin ninguna instancia independiente que garantice protección. “Desfuncionalizaron la oficina, transfirieron ese rol al Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Legal y Técnica. Por lo tanto, los trabajadores debían, al superior, informar que eran víctimas de acoso laboral”, graficó Masin.
“Vaciamiento gradual”
El proceso de vaciamiento, según describieron las concejalas, fue gradual. Desde el inicio de la actual gestión, cuatro de los profesionales que integraban el equipo de la Oficina fueron incluidos en el universo de los 432 empleados municipales suspendidos el 24 de marzo, fecha que las legisladoras no dejaron de señalar como simbólica. “Por un lado dicen no hay personal, y asumen y a los dos meses de asumir echan 432 empleados. La verdad que entre los 432 había muchísimos profesionales, y parte de estos profesionales estaban en la Dirección de Violencia Laboral”, afirmó Masin.
Las denuncias recibidas por la Oficina, lejos de disminuir, habían crecido un 200% desde el inicio de la nueva gestión municipal, y el 60% correspondía a cargos directivos. Esa cifra fue suministrada por la propia directora del organismo ante una interpelación de las concejalas en comisión, y evidencia, a juicio de Masin y Villagra, que la necesidad del organismo es mayor que nunca en el momento en que se pretende suprimirlo.
Ante la falta de un espacio institucional operativo, las propias concejalas terminaron absorbiendo denuncias de empleados que no encontraban otro lugar al que acudir. “Terminábamos nosotras absorbiendo las denuncias de los empleados por miedo, por persecución”, reconoció Villagra, quien señaló que en la actualidad deben derivar esos casos directamente a la policía o a la fiscalía ante la ausencia de una oficina que los contenga.
El trasfondo político del cierre tampoco fue eludido. Masin trazó una línea directa entre la decisión municipal y el clima general de ajuste de derechos laborales a nivel nacional: “Hay una matriz de pensamiento que a nivel nacional restringe enormemente los derechos de los trabajadores. Acá pasa exactamente lo mismo.” Y fue más directa aún al caracterizar la motivación del oficialismo: “Lo que quieren es precisamente sacarse un problema, invisibilizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.”
Ambas concejalas también cuestionaron las formas del debate legislativo. Según relataron, en comisiones y en sesión el bloque mayoritario justificó sus decisiones con un único argumento: el de haber ganado las elecciones. “Cuando nosotros queramos discutir algún tema, tenemos que ganar elecciones”, fue la respuesta que recibieron, según denunció Masin. Para las legisladoras opositoras, esa lógica configura una fragilidad institucional grave: “Hay una fragilidad enorme en términos institucionales y en términos de garantías del funcionamiento democrático”, sostuvo, e insistió en que el rol de los representantes electos es defender a la ciudadanía y escucharla, no imponer una agenda con quórum propio.
El inminente cierre de la Oficina de Violencia Laboral se convierte así, para Masin y Villagra, en el símbolo más visible de un patrón más amplio: el de una gestión que, a su entender, avanza sobre derechos conquistados sin disposición al diálogo y sin rendir cuentas técnicas ni políticas. “Todos los informes hablan puntualmente de un retroceso en derechos humanos”, concluyó Masin. “Eso no es una cuestión solo política. Es lo que venimos sosteniendo hace muchos años.”