En el entorno de Javier Milei, aunque disimulen, hay máximo nerviosismo por definir una estrategia para pilotear el “criptogate” en el frente judicial y mediático. Mientras el Presidente viajaba a Estados Unidos y se preparaba para su puesta en escena con Elon Musk y la reunión con Kristalina Georgieva en el FMI, quedó en manos en unas pocas personas la misión de pedir opiniones a abogados acerca de cuál sería la manera más efectiva para él de encarar el expediente por la estafa con la criptomoneda $LIBRA que está a cargo del juzgado de María Servini, quien decidió delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Por supuesto que no falta preocupación por lo que pueda pasar en el país del norte, donde las demandas civiles y penales pueden llevar su onda expansiva más allá de los empresarios implicados.
En Comodoro Py, por lo pronto, Taiano debe decidir si impulsa o no la acción penal en función de una decena denuncias que se fueron sumando desde el viernes pasado, cuando estalló el escándalo. Es decir, tiene que dictaminar si le parece que hay elementos para avanzar con una causa penal o no. Es posible que pida una serie de medidas de prueba como primer paso. Para última hora de este jueves, además, ya había tres reclamos de personas reclaman ser querelleantes porque compraron la “memecoin” y se quedaron casi si nada. Son pérdidas que, en estos casos, van de los 100 a los 8000 dólares, de gente de a pie que dice que se entusiasmó al ver el tuit de Milei, que quedó fijado, que promovía $LIBRA, un criptoactivo privado, como supuesto proyecto para financiar pequeñas y medianas empresas y confió por tratarse del presidente. Apenas salió el posteo, a las 19.01, un puñado de billeteras virtuales compraron a muy bajo valor, empujaron un crecimiento exponencial y ahí se retiraron, se desplomó la cotización, y se llevaron los ahorros de las mayoría de los inversores.
Lo que sucede con esta trama es que se conoce desde hace ya una semana y todavía no hubo ni una acción judicial más que la ratificación de los denunciantes. Taiano estaba de viaje y le pidió al fiscal que lo subrogaba que esperara su vuelta. “Estamos preocupados por esto porque ya se podría haber empezado a recopilar pruebas. Se pone en riesgo la investigación”, dijo el economista Claudio Lozano, uno de los denunciantes. En este lapso fue saliendo a la luz cada vez más información y esto dio lugar a ampliaciones. Incluso la polémica entrevista del Milei con Jonatan Viale sumó más material ponderado por algunos de los denunciantes.
Hasta que la fiscalía no tome medidas ni dictamine, no se sabe ni quiénes son los imptuados ni cuáles serían las sospechas, por mucho que hayan detallado las denuncias, lo que evidentemente dio algo de aire a los implicados para planear pasos a seguir, y vaya a saber si para borrar alguna evidencia. ¿Secuestrará celulares y otros dispositivos? ¿Analizará movimientos bancarios? ¿Allanará dependencias oficiales? ¿Dirá algo la Comisión Nacional de Valores de la falta de regitros de este criptoactivo publicitado por el presidente?
Abogado se busca
El tramo que se filtró de la entrevista de Milei con Viale, y que no salió en la versión editada, tenía que ver con la cuestión de la estrategia judicial. El asesor Santiago Caputo se metió para cortar el diálogo cuando el Presidente dijo que sería imprudente de su parte adelanter lo que va a hacer con las causas donde fue denunciado ya que los “temas jurídicos” no son lo suyo y “el que mejor entiende es nuestro ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona”. Un problema de esta afirmación es que se salía de la justificación que venía utilizando el Gobierno, y el propio Presidente: que tuiteó desde su cuenta personal de “X” y que todo era a título personal y nada tiene que ver con su investidura.
En ese caso ¿Qué tendría que hacer el ministro de Justicia? La otra cuestión es que no sería lícito que intervenga Cúneo Libarona, más aún si se tiene en cuenta el antecedente de la Cámara Fedral que procesó a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por “peculado de servicios” por una presentación que había hecho en la causa del Memorádum que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
En los últimos días rodó la versión de que Cúneo Libarona evaluaba dejar su cargo para asumir la defensa de Milei, aunque en el gobierno lo niegan. Igual es sabido que su estudio está en manos de sus hermanos y otros socios y que a veces trabajan en tandem con otros bufetes de abogados.
Hubo quienes pensaron que tal vez el Presidente recurriría a los servicios del mediático Francisco Onetto, el excandidato a vicegobernador bonaerense libertario que lo representa en algunos casos, conocido defensor de abusadores, pero dicen quienes están en la búsqueda de abogado y opiniones que “no sería el perfil”. ¿Es bueno para su posible defensa decir que no estaba interiorizado (como hizo en un tuit después de borrar el original)? ¿O que difundió el token $LIBRA a título personal? ¿O que en realidad el fue el engañado? ¿Le conviene seguir hablando después del papelón y escándalo con Viale?
El papel de la Oficina Anticorrupción
El Gobierno, con todo, no parece tener grandes preocupaciones por la legalidad. Publicó en el Boletín Oficial un decreto con la firma de Milei y Patricia Bullrich, el 114/2025 donde dispone: “Instrúyese a la Oficina Anticorrupción (OA), organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado “$LIBRA”.
Lo que muestran como un gesto de transparencia (amén de que es como investigarse a uno mismo) está prohibido por otro decreto vigente, el 25/2023, que dice expresamente que ni el Presidente ni ningún funcionario puede dar instrucciones a la OA. Decía: “El Titular de la OA tendrá rango y jerarquía de Secretario y dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia. Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Ministro de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional”.
El colorado Davis
Aunque no exista aún imputación hay dos personajes claves de esta trama, parte del elenco de denunciados, que ya pusieron letrados a trabajar en algún plan de acción. Uno de ellos es Mauricio Novelli, el trader financiero fundador del Tech Forum donde se gestaron los vínculos que derivaron en la creación de $LIBRA en octubre del año pasado.
Su abogado es Daniel Rubinovich, exdefensor de Lázaro Báez y sus hijos. Novelli es viejo conocido de Milei, que daba cursos y publicitaba a su empresa N&W Traders, igual que Agustín Laje, quien ahora encabeza la Fundación Faro, el think tank de la batalla cultural que se usaría para canalizar dinero de la política. En el último año Novelli fue un asiduo visitante de la Casa Rosada y Olivos, la mayoría de las veces para ver a Karina Milei, secretaria presidencial y hermana del presidente. Todo indica que fue el nexo con los empresarios que idearon y lanzaron $LIBRA, Julian Peh, de KIP Protocol y Hayden Mark Davis, de Kelsier Venture.
A Davis lo asiste la abogada Yanina Nicoletti, quien entre miércoles y jueves realizó unos sugestivos posteos en la red “X”: en uno explicaba el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (uno de los que se les podría atribuir a Milei y otros funcionarios) y el otro sugería que a ningún extranjero –como sería el caso de Davis– le conviene que lo juzguen en Argentina. Davis grabó un video y dio entrevistas para referirse al “criptogate” y por su pelo lo apodan “colorado”.
Página/12