El Gobierno libertario está golpeado y no avanzará en la Justicia luego del rechazo del veto. Sin embargo, demora su aplicación. En el Congreso amenazan con echar a Guillermo Francos si no se reglamenta.
Finalmente, Javier Milei no judicializará el rechazo a veto de la ley de emergencia en Discapacidad, según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El Gobierno está golpeado y no avanzará en la Justicia luego del rechazo del veto en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, Milei demora su aplicación. En el Congreso amenazan con echar a Guillermo Francos si no se reglamenta.
El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara e impulsor de la ley, dijo que debería comenzar a aplicarse esta misma semana. Pero la ley aún no fue reglamentada ni hay pistas en el Boletín Oficial. El Gobierno la demora. Desde el Congreso amenazan a ir por Guillermo Francos si no aplica, a través de una ley de moción.
“Si es de imposible aplicación es de imposible de aplicación. No importa las amenazas del Poder Legislativo. Que vayan y lo echen a Francos”, estalló un funcionario en Casa Rosada.
En el Gobierno se escudan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. “Ahí te dice de dónde sale la guita. Cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento”, responden en Balcarce 50.
Hay versiones en los pasillos de Rosada de que las estrategia sería realizar una aplicación parcial. Pero hay muchas dudas. Por ahora solo hay una certeza: a la justicia Milei no va. El costo político de ir contra los discapacitados fue alto. Y más en medio de la conmoción por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad determinó:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: busca saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: garantizar el financiamiento para las pensiones por discapacidad, evaluar las condiciones de acceso y de permanencia en el beneficio percibido.
- Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): realizar auditorías para identificar problemas en la gestión de prestaciones.
- Actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): solicita que ANDIS junto al Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos sobre las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales para la certificación de una persona con discapacidad.
- Transparencia del Gobierno nacional: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Retribuciones económicas: la norma establece una compensación económica de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Garantizar los talleres protegidos y centros de día: la ley propone asignar recursos específicos y compensaciones para garantizar el acceso y el funcionamiento continuo de los talleres.
- Cumplimiento de cupo laboral en el sector público: la norma reafirma que el Estado debe cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
El Destape