Tras las masivas movilizaciones contra el borrador del decreto que desregula las prestaciones y coberturas, la oposición en el Congreso avanza a dos puntas para frenar lo que significaría un brutal ajuste para las más de 200 mil personas que requieren de numerosos apoyos y tratamientos en todo el país.
Reuniones con representantes del área del Gobierno y un proyecto de ley son parte de la caja de herramientas a las que están echando mano legisladores de todos los bloques, menos del Pro y de LLA.
Por un lado, las autoridades de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fueron recibidas por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. Según pudo reconstruir Ámbito, el encuentro que se extendió por más de una hora fue cordial y el funcionario se comprometió a estudiar el caso para que no se concrete la firma final del decreto que elimina la universalidad del nomenclador para las diferentes prestaciones.
Según interpretaron al menos tres de los participantes de la reunión con los que dialogó este diario, el titular de la ANDIS reconoció la legitimidad del reclamo y se comprometió a revisar el decreto, al tiempo que apuntó al lobby de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
Como muchos otros aspectos del manejo del Estado por parte de LLA, el intento por dejar al arbitrio del mercado nada menos que las prestaciones para personas con discapacidad quedó a merced de las complicaciones de gestión del Gobierno nacional por la salida intempestiva de funcionarios. Ocurre que la Agencia depende de la jefatura de gabinete y el decreto se conoció en medio del despido de Nicolás Posse y el nombramiento de Guillermo Francos.
Mientras tanto, el borrador permanece en el circuito administrativo, lo que mantiene en vilo a miles de familias. Actualmente está en Legal y Técnica y ya tiene la firma del propio Spagnuolo, entre otros. Sólo restaría la aprobación del Francos y del presidente Javier Milei.
Si bien la diputada Lilia Lemoine, quien integra la comisión de Discapacidad desmintió en su cuenta de X la desregulación, aún no hay un comunicado oficial que confirme la marcha atrás de la medida que podría dejar sin atención y cuidados a miles de personas con discapacidad.
“Hay muchas familias muy angustiadas por lo que pueda pasar. Queremos que el gobierno deje en claro que no van a avanzar. Reconozco la buena voluntad de los diputados de LLA pero falta comunicación oficial”, dijo en diálogo con Ámbito el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo.
Diario Panorama