Uno de los cambios más relevante que se puede ver en el nuevo borrador es que bajarían el número de las emergencias de nueve a siete y que el plazo para las facultades delegadas seguiría siendo, como en la versión anterior, por un año con la posibilidad de un año más de prórroga. Algo que había sido puesto en duda este fin de semana porque el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago, había insinuado que volverían a pedir que sean dos años con la posibilidad de extenderlo por dos más. También habría cambios en el apartado para la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se eliminarían las reformas electorales.
Seguiría en pie, sin modificaciones, el artículo de privatizaciones – que no acompañarían desde la oposición amigable -, entre otros. Todavía no hay un llamado oficial a la sesión de mañana martes. Este lunes habrá reuniones de todos los bloques para analizar la nueva propuesta del Gobierno y ver cómo seguir.
El Ejecutivo estaría dispuesto a reducir las emergencias sacando del listado la previsional y la de salud. Es decir, quedarían las emergencias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y, en el borrador, hacen la aclaración de que dicho plazo “podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un (1) año”.
En este nuevo escrito que el Gobierno puso a disposición de los bloques amigables para que lo puedan analizar, eliminó del artículo tres (el de delegaciones) una frase que decía que “todas las disposiciones que no son de emergencia, son permanentes y no caducan”, y también un párrafo que agregaba: “Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”.
Además, añadió uno nuevo que expresa: “El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar mensualmente en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación sobre la aplicación de las facultades delegadas por la presente ley, sus fundamentos y resultados obtenidos”.
Otro de los cambios sería sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el borrador no figura más el artículo que permitía la transferencia de activos del FGS al Tesoro. Los gobernadores pedían la transferencia de los activos del FGS al Tesoro Nacional y que el traspaso se haga compensando las deudas de las provincias con el FGS y que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas. En la nueva versión, en tanto, sólo se permitiría la consolidación de deuda.
Por otra parte, si bien el gobierno anunció que eliminaría el capítulo fiscal –que era el número V en el dictamen de mayoría– aún persistiría en la nueva propuesta la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas fiscales como la asignación específica del impuesto País. Una nueva modificación estaría vinculada al artículo de fondos fiduciarios energéticos para incluir zona fría, un pedido de los gobernadores patagónicos.
En el borrador figura también la exclusión de las facultades de disolución del artículo 5, -vinculado a la reorganización administrativa – a las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 (INTA, CONICET). Y se quitarían de esos artículos las facultades de modificar asignaciones específicas. Se eliminaría, por otra parte, la facultad delegada amplia del exartículo 13 vinculada a la competencia y se modificarían y limitarían las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.
Otro dato importante es que en esta nueva versión se eliminarían todas las reformas electorales. Un apartado muy cuestionado por todos los bloques opositores. En la versión anterior persistía un artículo vinculado al financiamiento de los partidos políticos por parte de privados que, según analizaban desde la UCR y HCF, iba a permitir el ingreso de, por ejemplo, fondos del narcotráfico para financiar campañas políticas.
Por último, se retirarían las modificaciones al Código Civil en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, pero quedarían las modificaciones al divorcio, sucesiones, y contratos comerciales.
Tal como anunció Caputo en la conferencia de prensa que dio el viernes en Casa Rosada, quedarán fuera el aumento de las retenciones, el nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria, pero LLA intentará avanzar para conseguir otra serie de desregulaciones. Todavía persisten: el pedido de facultades delegadas –con 7 emergencias–, la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la toma de deuda sin pasar por el Congreso, la privatización de las empresas públicas, reformas en seguridad que avalan el gatillo fácil y prohíben la protesta y cientos de reformas en áreas de cultura, ambiente, turismo y educación, entre otras.
La oposición “dialoguista” será clave para que el gobierno logre o no su cometido. Este lunes todos tendrán reunión de bloque. Sin la ayuda de los bloques “amigos” el oficialismo no podrá ir muy lejos. LLA tiene solo 38 bancas propias y necesita 129 diputados para lograr el quórum. El martes deberán tener mayoría para aprobar el tratamiento de la ley en general en el recinto y después empezará el debate tema por tema en el que habrá discusiones encarnizadas.
El Pro acompañará casi a ciegas al gobierno nacional. Así lo anunció este domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que no era necesario “mirar tanto la letra chica de una ley” (ver aparte), y también el diputado de ese espacio, Diego Santilli, que remarcó que “hay que darle herramientas al presidente para que pueda gobernar”. La postura, sin embargo, no es la misma en el resto de los bloques amigos. Los radicales, HCF e Innovación Federal son más cautelosos.
Ellos estarían dispuestos a votar las facultades delegadas – por un año con la posibilidad de extenderlo otro más con la aprobación del Congreso y con las siete emergencias -, pero no la privatización de todas las empresas públicas sin pasar los pliegos uno por uno por el Congreso.
“Hay puntos que sabemos no van a cambiar, pero que no estamos de acuerdo y no votaremos. Es el caso de las privatizaciones en masa”, remarcan desde los bloques negociadores en diálogo con este diario. Tampoco estarían dispuestos a acompañar tal como está el capítulo de seguridad. “Ahí también tienen que venir modificaciones. Lo de manifestaciones hay quienes tienen voluntad de acompañar, si hay cambios, y quienes no. Atentado a la autoridad y legítima defensa no”, subrayan.
Al cierre de esta edición todavía no había un llamado oficial a la sesión y tampoco se sabía si este lunes habría o no plenario de labor parlamentaria, para organizar cómo será el trabajo en el recinto el martes. Eso podría quedar para el mismo día de la sesión. Las negociaciones siguen frenéticas, mal que le pese al Presidente.
Página 12