En la Casa Rosada trabajan por estas horas en un anuncio de alto impacto político: que el presidente Milei firme el indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, cuando se cumplen los 50 años del último golpe de Estado.
La decisión final no está tomada, pero la orden fue de avanzar en el estudio de los aspectos legales, políticos y comunicacionales. No es la primera vez que el entorno de Milei juega con esa idea. Ya en la campaña presidencial la ahora vicepresidente Victoria Villarruel la deslizó en diálogos con familiares de genocidas detenidos. Ahora la idea busca correr el foco de la crisis productiva que sufre el país y de paso pelearle el voto militar a la vice.
Actualmente hay 539 represores detenidos de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la actualización trimestral de las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende del Ministerio Fiscal.
Según confirmaron a LPO dos abogados que colaboran con la iniciativa, el equipo presidencial está estudiando los aspectos jurídicos de un eventual indulto, el encuadre político y la narrativa pública con la que se presentaría una medida que promete un fenomenal debate político.
La fecha elegida tampoco es casual. El 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, concentra cada año la mayor movilización social vinculada al repudio del terrorismo de Estado. La eventual firma de un indulto ese día sería leída como una provocación de máxima intensidad.
El gobierno se tienta así con apelar a una decisión de alto impacto para tratar de desviar la conversación pública del difícil contexto económico que golpea a la gestión con la inflación subiendo, la recesión que se profundiza y el cierre de fábricas que empieza a impactar con mayor fuerza en el empleo registrado.
En paralelo, encuestas recientes de Management & Fit, de Atlas Intel y de Bloomberg registraron una caída importante en la imagen presidencial, con niveles de negativa que rondan el 60 por ciento.
En ese marco, una medida de alto voltaje simbólico podría desplazar el eje del debate al menos por un tiempo. Para el sector más duro del electorado libertario y de extrema derecha, un indulto sería leído como un gesto de coherencia ideológica; para el resto del sistema político argentino y buena parte de la comunidad internacional, implicaría una ruptura definitiva del consenso democrático construido en 1983 justo cuando el radicalismo comienza a alinearse públicamente con Milei.
Como reveló LPO, Milei viene agitando la épica militar para capturar el voto de Villarruel. La vicepresidenta construyó su identidad política en torno a la agenda de “memoria completa” y la defensa de militares procesados por delitos de lesa humanidad. Un indulto le permitiría al Milei apropiarse de esa bandera y erosionar la base de su compañera de fórmula.
El antecedente más reciente fue el escándalo por la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores detenidos en Ezeiza, revelada en exclusiva por LPO. En ese momento, Milei intentó despegarse y sostuvo que él no hubiera ido y que se trató de “un error”. Claro estaba en un pico de popularidad por la baja de la inflación.
Pero lo cierto es que en cada aniversario del Golpe, el gobierno intentó meter la cuña con reivindicaciones históricas de los militares genocidas apelando al “Tata” Yofre y Agustín Laje para ir contra el “relato setentista”. Sin embargo, juristas vienen advirtiendo que los delitos de lesa humanidad tienen un estatus especial en el derecho internacional que vuelve extremadamente controversial e inviable el indulto, como hizo Carlos Menem.
La Política Online