El Gobierno Nacional ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las Universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
La extensión del temario fue confirmada a La Nación por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.
La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.
Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó LA NACION, el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
La Nación