Este martes 14 de octubre, las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados iniciaron una sesión informativa para tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios y habilitaría las fumigaciones a 10 metros (Expediente 5621-D-2025).
El impulsor del proyecto, el diputado Atilio Benedetti (UCR, Entre Ríos), lo presentó como una iniciativa para “dar marco a una actividad que necesita regulación” y destacó la necesidad de compatibilizar la producción agropecuaria con la salud.
No obstante, el proyecto se basa en lo discutido por la llamada Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas, la cual está integrada por productores, exportadores y cámaras vinculadas a la tecnología agropecuaria, pero carece de representantes del sector de la salud, investigadores o de las poblaciones afectadas por las fumigaciones.
Aplicación de glifosato
Efectivamente, no existe ningún resguardo mínimo a nivel nacional para proteger a los denominados ”pueblos fumigados” ni a los trabajadores y trabajadoras rurales afectados por el uso de agrotóxicos, en el marco del modelo productivo dominante: el agronegocio. De acuerdo con el propio Benedetti, 9 de cada 10 hectáreas de producción utilizan agrotóxicos.
En este sentido, las comunidades y organizaciones socioambientales vienen pidiendo y luchando por conseguir medidas paliativas frente a la aprobación de cada vez más agrotóxicos. Sin embargo, la ley presentada establece una protección muy acotada.
Sectores del agronegocio pretenden, además, que dicha ”protección” no sea el piso del debate, sino su techo, lo que genera aún más preocupación para las poblaciones que han conseguido, con años de lucha, zonas de exclusión y resguardo más amplias.
Qué dice el proyecto que habilitaría las fumigaciones
El texto declara de “interés nacional” las llamadas ”buenas prácticas agrícolas” y las define como: ”conjunto armónico de técnicas y prácticas aplicables que deben ser contempladas al momento de decidir el uso de fitosanitarios, tendientes a asegurar que el producto pueda expresar su máxima capacidad terapéutica para la que fue concebido, minimizando el riesgo de ocurrencia de cualquiera de las diferentes formas de deriva y evitando así los posibles riesgos emergentes para la salud y el ambiente”.
Esta definición ya resulta polémica, porque asume que hay una ”buena manera” de aplicar venenos, aceptando que este modelo tiene una forma ”sostenible” de llevarse adelante. Por el contrario, los ”posibles riesgos emergentes” de salud socioambiental son un hecho, ya que estas prácticas son las que han sido utilizadas durante dos décadas para justificar el uso masivo de glifosato, atrazina y otros pesticidas prohibidos en varios países. Como dicen las organizaciones territoriales, la única buena práctica es el no uso de venenos.
Por otro lado, los artículos 9° y 10°, que fijan los parámetros de aplicación, despertaron la alerta. Establecen:
- 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones.
- 45 metros para aplicaciones aéreas.
Estas distancias se aplicarían desde el límite de las “zonas sensibles” – viviendas, escuelas rurales, cursos de agua – hacia las áreas productivas.
Para las comunidades afectadas, se trata de un verdadero retroceso histórico. La Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) y la Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron que el proyecto fue redactado a medida de las corporaciones del agronegocio.
De ”presupuestos mínimos”, solo el nombre
De acuerdo con el Artículo 7, si se establece otra normativa, ni siquiera las zonas de exclusión prohíben verdaderamente el uso de agrotóxicos. Dice el proyecto: ”Art. 7 Prohibición de aplicaciones en zonas sensibles y de exclusión.
Dentro de las zonas sensibles y de exclusión no se podrán realizar aplicaciones de productos fitosanitarios salvo aquellas que obedezcan a razones de salud pública, las que se efectúan en plantas de acopio y almacenamiento de productos agrícolas, puertos y aquellas que la autoridad provincial o municipal, según el caso, defina por una norma legal”.
En otras palabras, si la autoridad provincial o municipal decide otra cosa, esta normativa general queda sin efecto.
Así y todo, hay representantes del agronegocio que no están conformes. La voz cantante la llevó el Secretario de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bio-Agroindustria de Córdoba, Marcos Blanda, quien dijo sin tapujos que no se trata de una ley de presupuesto mínimos, sino «una ley operativa que regula un proceso» y que el proyecto «no tiene criterios ambientales a los cuales apropiarse» (sic).
Además, Blanda rechazó el ya acotado artículo 9 de zonas de exclusión. “Las distancias son acuerdos sociales”, afirmó. “Mendoza no es lo mismo que la Patagonia, ni que Córdoba o la región pampeana”. Por eso, según Blanda, el proyecto debería habilitar que cada jurisdicción defina sus propios márgenes de exposición.
A renglón seguido, sugirió: ”Sí me parece muy bien poner recomendaciones de aplicaciones terrestres hasta 10 metros de la zona de restricción, hasta 10 metros con vano a drones, que es tecnología que hoy está presente y no sabemos de qué va a venir, y hasta 45 metros de la zona de exclusión como sugerencia”.
Es decir que, en lugar de fijar un piso mínimo de protección sanitaria, Blanda propone ponerle un techo a todas las regulaciones existentes para que la zona de exclusión no sea más que 10 metros. En pocas palabras, busca consolidar la impunidad de las fumigaciones.
¿Y la protección ambiental?
La gran parte de los oradores de la sesión informativa en el Congreso omitió toda referencia a los impactos sanitarios ampliamente documentados por la ciencia independiente, a pesar de que el resguardo de la salud es uno de los supuestos objetivos de la ley.
El legislador del IS-Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, se refirió a este hecho: ”Ninguno de los oradores mencionó el desastre de los agrotóxicos: las muertes, los enfermos de cáncer, las malformaciones. Dicen proteger la producción, pero lo que defienden son las ganancias capitalistas”, señaló.
Giordano recordó los casos de barrio Nicole en La Matanza y las Madres de Ituzaingó en Córdoba, donde las fumigaciones provocaron graves enfermedades. También citó denuncias de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que alerta que más de 13 millones de personas están afectadas por el glifosato, y mencionó el Hospital Garrahan, donde los casos de cáncer infantil se cuadruplicaron desde que comenzó la expansión de las fumigaciones.
El diputado reclamó que se convoque a las organizaciones socioambientales y de víctimas que vienen denunciando hace años este modelo – como la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos, la Multisectorial Paren de Fumigar Santa Fe y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entre otros -, para que puedan exponer en la comisión legislativa y expresar la voz de quienes sufren todos los días las consecuencias del agronegocio.
La respuesta de los pueblos fumigados
Desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados y las asambleas provinciales empiezan a circular varios comunicados de rechazo. Uno de ellos, bajo el título “Proyecto del Veneno”, llama a rechazarlo porque la propuesta “pretende convertir en ley una práctica criminal: fumigar a diez metros de las casas, escuelas y pozos de agua”.
“Es una burla a la ciencia, a la justicia y al sentido común”, señalan, recordando que fallos judiciales en Pergamino y otras localidades bonaerenses fijaron distancias precautorias de 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 para aéreas. Estos instrumentos —sostienen— “violan el principio de precaución y el derecho constitucional a un ambiente sano”.
En los últimos años, la cantidad de investigaciones científicas en nuestro país y a nivel internacional sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente creció de manera exponencial, confirmando lo que los pueblos fumigados vienen denunciando hace más de dos décadas.
Un relevamiento del Senasa detectó más de 80 agrotóxicos distintos en alimentos de consumo cotidiano, desde frutas hasta hortalizas. Asimismo, el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario identificó tasas mayores de cáncer en población joven para zonas núcleo de producción sojera.
Además, esto es advertido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece vínculos entre los agrotóxicos y enfermedades endócrinas, respiratorias, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.
Los efectos pueden ser agudos o crónicos, y no se limitan a las zonas rurales: estudios internacionales como el SPRINT muestran la dispersión de los químicos en ecosistemas lejanos.
En la provincia de Buenos Aires, el ”Mapa de la conflictividad bonaerense por el agronegocio”, elaborado por la USAM bajo la coordinación de Cecilia Gárgano y Martín Pietro, expone las luchas por medidas de resguardo en localidades como Lobos, General Rodríguez y Tandil, donde las propias organizaciones socioambientales comprobaron la contaminación del aire, el agua y el suelo, incluso en el casco urbano.
La Izquierda Diario