Maximiliano Cabaleyro, líder del gremio de los Moyano en San Nicolás, San Pedro y Ramallo, fue juzgado por turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas; el juez consideró que ejerció el derecho de huelga.
El sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que comandan Hugo y Pablo Moyano, fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios. Fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. En el juicio, se argumentó que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.
El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, dictó su veredicto este miércoles, en una audiencia que se realizó bajo la modalidad virtual. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos. El juicio se inició el 28 de septiembre.
Rey Distribución SRL (una firma dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, ubicada en San Pedro) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero. Los dueños de la firma denunciaron en la Justicia esas dos acciones del gremio y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017.
En la sentencia, al referirse a los bloqueos, el juez consideró que “no existe la posibilidad de que esos eventos sean considerados típicos de los delitos acusados”, porque “el obrar relatado y probado lo ha sido en ejercicio de un derecho”. Y subrayó: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torres, Matías Torres, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, que estaban acusados de turbación de la posesión.
Al referirse a la acusación por extorsión contra Cabaleyro, el juez argumentó que “no se ha demostrado que el imputado es el autor de los cobros presentados como reiterados e indebidos hechos por Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado] de manos de Gustavo y Ariel Rey [dueños de la empresa] en el período comprendido entre el año 2017 y el año 2021″.
Asimismo, en el fallo se afirmó que otro pago judicializado se trataba de un convenio que “obedecía a deudas existentes previamente, consecuencia de la actividad de la empresa Rey y de sumas debidas a sus empleados (al menos a 9 de ellos)”, por lo que “no existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí”.
Los hechos juzgados ocurrieron entre 2017 y 2021, y la detención de Cabaleyro, en abril de 2022, había generado una protesta del sindicato que bloqueó accesos a San Nicolás y paralizó el servicio de recolección de residuos.
En abril de 2022, Cabaleyro fue detenido junto con Espíndola, integrante del sindicato, y recibieron respaldo de Hugo y Pablo Moyano con una protesta del sindicato en San Nicolás, a la que se acercaron los jefes nacionales del gremio, y que derivó en un fin de semana (entre el viernes 8 de abril y la noche del domingo 11) con los accesos a la ciudad bloqueados y el servicio de recolección de residuos interrumpido.
Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente de Todos. El dirigente gremial llegó al juicio en prisión domiciliaria (antes, había estado un año y medio en una cárcel). Fue ordenada su inmediata libertad.
La abogada de los dueños de la empresa es la senadora provincial bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que en su alegato había solicitado una pena de 15 años. “Violar la propiedad privada e impedir el trabajo está habilitado en San Nicolás. Nosotros seguiremos caminando el desierto con la ley en la mano para defender a los argentinos de bien que no se dejan extorsionar por la mafia sindical”, dijo Arietto a LA NACION. “Iremos a Casación y a la Corte, si es necesario”, agregó, al adelantar que apelará el fallo jucidial.
Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, es ahora concejal en San Pedro. En 2025, ganó las elecciones legislativas locales al frente de la lista de La Libertad Avanza, pero actualmente integra un bloque separado al del oficialismo nacional, denominado “San Pedro Puede”.
Mauricio Gugger, abogado de Cabaleyro, había solicitado la absolución de su defendido. En su alegato, la semana pasada, argumentó que la denuncia se trataba de “un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey” y una “criminalización de la protesta social”. Y subrayó que, durante el juicio, se hizo mención a un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro”.
La Nación