La reestructuración de las rutas afectó a todo el país y, en algunas provincias, el gasto nacional se redujo en más del 90%. Actualmente, menos de la mitad de las carreteras nacionales se encuentran en buen estado y el costo de la rehabilitación de la infraestructura se está disparando.
El presidente Javier Milei aseguró recientemente que “una carretera en buen estado salva tantas vidas como un automóvil seguro” . Sin embargo, en lo que respecta a su gestión, el gasto de la Dirección Nacional de Carreteras y la Agencia Nacional de Seguridad Vial se redujo en un 80% en términos reales.
Las consecuencias son evidentes en el territorio: menos de la mitad de las carreteras nacionales se encuentran en buen estado , mientras que casi un tercio de la red está en malas condiciones. En algunas provincias, el desplome del gasto nacional superó el 90%.
La paradoja reside en que el Gobierno no solo redujo los fondos asignados a las rutas, sino que además dejó sin ejecutar una parte significativa de los recursos que, por ley, deben financiar su mantenimiento mediante el impuesto sobre el combustible. Mientras tanto, la red se deteriora, aumentan los costos de recuperación y crece el riesgo de accidentes.
En este escenario, el ajuste que el Gobierno presenta como ”ahorro” puede terminar convirtiéndose en una deuda mucho más costosa, con consecuencias económicas y humanas.
El mapa de abandono de carreteras
En 2023, la Nación invirtió 2.700 millones de dólares en Carreteras Nacionales; dos años después, esa cantidad se redujo a menos de 800 millones de dólares. El ajuste no fue abstracto, ya que provocó un colapso en el gasto vial en casi todo el país. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei dejó a las provincias con menos carreteras y mayores costos.
Desde la llegada del gobierno libertario, el gasto de la Dirección Nacional de Carreteras (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se redujo un 70,0% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo de toda la serie , según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Para 2026, el crédito vigente en agosto pronosticaba un nuevo mínimo, si no se producían cambios presupuestarios: la caída alcanzó el 80,0% en comparación con 2023.
La retirada del Estado de la política vial se extendió por todo el territorio y provocó una drástica caída en los recursos gestionados por Vialidad Nacional en las provincias. En términos reales, el organismo pasó de ejecutar 2.700 millones de dólares en 2023 a 811.100 millones en 2024 y 782.600 millones en 2025, mientras que el presupuesto actual para 2026 asciende a 562.900 millones . Los valores se expresan en precios de 2026, lo que permite comparar el gasto entre años.
Al analizar el gasto de los programas de DNV, se observa que los fondos asignados al mantenimiento de obras viales (Programa 16) se redujeron en un 60% entre 2023 y 2025, y seguirían disminuyendo este año si no se modificara el presupuesto actual. Algo similar ocurrió con los fondos destinados a la construcción de carreteras (Programas 22, 42 y 62), aunque en este último caso se registró un ligero repunte en 2025 con respecto al año anterior.
Además, la falta de mantenimiento regular acelera el deterioro de las carreteras, lo que incrementa la necesidad de futuras inversiones en reparaciones de emergencia y, en casos extremos, en la reconstrucción o recuperación total de las vías, y todo esto tiene consecuencias a nivel federal.
“El costo anual de mantenimiento del sistema vial argentino (solo la red nacional) se estima en 1.600 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (si no se realiza mantenimiento) en 61.000 millones de dólares”, indicó el centro de estudios con base en datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). El costo de recuperación específicamente para las carreteras nacionales alcanza los 23.000 millones de dólares.
Finalmente, el empeoramiento tiene un precio aún mayor: el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico alcanzó las 4.369 el año pasado, un 14% más que el año anterior. El ajuste libertario tiene costes económicos y humanos.
El Destape