Se trata de un instrumento que encarece las indemnizaciones para proteger a los trabajadores de los despidos por su tarea. Sturzenegger lo planteó en una reunión del Consejo de Mayo, con aval del presidente de la UIA. Gerardo Martínez, de la CGT, lo rechazó y la idea tampoco consiguió el patrocinio del secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex asesor del Grupo Techint. La propuesta quedó en reserva por un acuerdo de confidencialidad.
El Gobierno propuso la derogación del Estatuto del Periodista, una institución vigente desde hace 80 años que establece los parámetros para el ejercicio de la profesión y que intenta proteger la tarea de los trabajadores de prensa al encarecer sus indemnizaciones frente a los despidos sin causa. El planteo estuvo a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue enunciado en julio pasado en el ámbito de las deliberaciones del Consejo de Mayo. Aunque la iniciativa no volvió a tratarse, su sola mención exhibe la sintonía vigente entre la administración libertaria y los dueños de los principales medios de comunicación, en particular el multimedios Clarín, históricamente opuesto a la vigencia de la norma.
La iniciativa de Sturzenegger, en línea con el intento de eliminación del Estatuto del Viajante de Comercio y el espíritu de las reformas laborales del DNU 70/23 –frenada por la Justicia del Trabajo- y del capítulo específico de la ley Bases, no había trascendido hasta ahora por un acuerdo de confidencialidad implantado en las reuniones del Consejo de Mayo aunque nunca explicitado. De las tres reuniones que se realizaron hasta ahora el planteo fue expuesto sólo en la segunda, adonde se abordaron los proyectos de nuevas reformas laborales para 2026. La sugerencia del ministro de la motosierra encontró eco en el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, pero fue rechazada por el representante sindical de la mesa, Gerardo Martínez.
El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Perón, en el mandato de Edelmiro Farrell, y ratificado por la ley 12.908 dos años y medio después. Fija los mecanismos de matriculación de los trabajadores de medios de comunicación, establece la duración de las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, las categorías profesionales y sus regímenes salariales, y los mecanismos de ingreso. Pero el punto históricamente más cuestionado por las patronales de prensa es el de “Estabilidad; ruptura del contrato de trabajo”.
Por tratarse de una profesión inherentemente sujeta a presiones de los poderes políticos y económicos, el instrumento da cuenta de la necesidad de dotar a los trabajadores de una protección extra a la del resto de los asalariados: “La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma”, señala ese capítulo en su introducción.
La norma prevé como razones de despido con causa y sin derecho a indemnización provocar “un daño intencional” al empleador o producirle “un fraude o abuso de confianza establecido por sentencia judicial”; inasistencias “prolongadas o reiteradas”; sufrir una “inhabilidad física o mental o enfermedad contagiosa crónica” peligrosa para su entorno, y “desobediencia grave o reiterada”. También los pone a salvo de suspensiones prolongadas y garantiza la continuidad laboral en caso de servicio militar o convocatorias excepcionales.
En caso de producirse un despido sin causa el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador del trabajador de prensa a preavisar con uno o dos meses (de acuerdo a los años de trabajo) de anticipación; a pagarle “una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución, según sea la antigüedad)” y “de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses” ante una cesantía injustificada. El punto “d” le añade, sin perjuicio de los pagos ya garantizados, “una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo”.
La idea coincide con el momento de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en un aparente entramado de coimas, así como el avance de otras causas que golpean directo al Gobierno y a Javier Milei como la de la criptomoneda Libra o el centenar de muertes por fentanilo contaminado. Y encuentra, circunstancialmente, en la misma vereda al mandatario libertario y a Clarín junto con otros multimedios, como Perfil, cuyas autoridades históricamente se manifestaron contrarias a la vigencia del Estatuto.
El portavoz en el Consejo de Mayo fue Sturzenegger a pesar de no figurar ningún tópico relacionado con la actividad de prensa en el decálogo de compromisos de los firmantes del Pacto de Mayo. Apenas quedó establecida la necesidad de avanzar hacia “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo y a cargo del sindicato de albañiles (Uocra) desestimó la posibilidad de avanzar por consenso con esa derogación. El dirigente le hizo saber al funcionario que la central obrera no aceptaría ni avalaría una quita de un derecho consagrado por la norma vigente y que cualquier modificación en ese rubro debería explorarse en un ámbito de negociaciones entre las cámaras empresarias del rubro periodístico y los sindicatos de la actividad.
Tampoco consiguió mayor eco Sturzenegger en el equipo de funcionarios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero (ex Techint), le hizo saber luego de la reunión que avanzar en una posible derogación del Estatuto del Periodista podría ser perjudicial no sólo en términos políticos para el Gobierno que para entonces se aprontaba para una doble instancia electoral (septiembre y octubre) sino que estaba destinada al mismo resultado que el intento de ponerle fin al instrumento similar que rige en el sector de viajantes, en donde a la indemnización regular prevista en la ley de Contrato de Trabajo se le añade otra por la pérdida de la cartera de clientes de cada trabajador. En ese caso el gremio de Viajantes consiguió rápidamente una cautelar que frenó la derogación incluida en el DNU 70/23.
El Destape