La cordobesa Solange Musse residía con su familia desde hacía más de siete años en Neuquén, pero por razones de salud se encontraba internada en la localidad cordobesa de Alta Gracia, donde estaba recibiendo un tratamiento por una patología oncológica de gravedad, según había manifestado entonces su papá, Pablo Musse.
Debido a las restricciones que se habían impuesto en marzo de 2020 para la circulación por la pandemia, su papá no pudo tener contacto con ella y cuando, el 18 de agosto, pudo reunir los requisitos inició su recorrido hacia Córdoba.
No obstante, cuando llegó a Huinca Renancó, en el sur de la provincia, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no le permitieron seguir.
Los acusados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” son el médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora social Analía Morales, quienes fueron sindicados como las personas que le prohibieron traspasar las líneas de contención en Huinca Renancó, al no validar como válido un test negativo de coronavirus, según consta en la causa.
Ambos le pidieron que se realice otro test con 48 horas de anticipación al viaje, pero no lo pudo hacer, ya que los establecimientos solo lo efectuaban si estaba con síntomas. Tampoco disponía del dinero y en consecuencia, bajo intimidación policial del COE, fue obligado a regresar a Neuquén, siendo escoltado por las fuerzas de seguridad.
Mientas tanto, la salud de Solange Musse, de entonces 37 años, se deterioraba y tuvo que ser trasladada al Sanatorio Allende de la capital de Córdoba, donde murió el 21 de agosto de 2020, tres días después del intento de su padre de mantener contacto con ella.
“Le quitaron todos sus derechos, le quitaron el derecho de abrazarme, yo me abracé a un cajón, no a mi hija”, había cuestionado Musse, luego de que le entregaran el cuerpo en un féretro y sin haber podido despedirse de ella personalmente.
El abogado Carlos Nayi, su representante legal, había conseguido una resolución favorable de la Justicia Federal de Córdoba para que pudiera despedir los restos de su hija.
Luego, se abrió una causa por ‘violación del protocolo que regía sobre la circulación de personas durante la pandemia”, ya que estaba contemplado el tránsito de personas por razones de fuerza mayor y no se cumplió.
La causa la instruyó el fiscal Marcelo Saragusti y la elevó a juicio, en un trámite que fue confirmado por el juez de Control Claudio Mazuqui y ahora se deberá designar fecha, Cámara y Tribunal del Juicio.
Télam