El martes 9 de diciembre se cumplirán 40 años de la sentencia dictada por la Cámara Federal Criminal y Correccional en la causa 13/84. Un tribunal civil – no militar -integrado por seis jueces condenó a los ex comandantes de la dictadura militar a severas penas de prisión, incluida la reclusión perpetua en los casos más graves, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Por Betina Stein*
Todo ello tras un juicio justo, respetuoso de todas las garantías del debido proceso, aun para quienes habían encabezado el aparato represivo más sangriento de nuestra historia. Esa sentencia colocó a la Argentina a la vanguardia mundial en la defensa de los derechos humanos y en la persecución penal de sus violaciones, inaugurando un estándar propio, inédito y profundamente democrático.
Fue el primer antecedente contemporáneo en el que un Tribunal integrante del Poder Judicial de una Nación juzgaba y condenaba a los máximos responsables de los crímenes cometidos por una dictadura militar. A diferencia de Nüremberg – presidido por un tribunal y un fiscal internacional designados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra -, el Juicio a las Juntas fue íntegramente obra de jueces argentinos, funcionando en plena institucionalidad democrática.
Y tuvo además una característica decisiva: los magistrados no se limitaron a condenar a los altos mandos, sino que ordenaron investigar y juzgar a todos los responsables operativos de las acciones criminales acreditadas durante el debate.
La historia posterior es conocida. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -dictadas por un gobierno democrático todavía sometido a las presiones y amenazas de un poder militar intacto – suspendieron esos enjuiciamientos. Recién en 2005, cuando la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad, se reabrió la posibilidad de continuar las causas.
Desde entonces, decenas de represores han sido juzgados y condenados en procesos que siguen tramitándose hasta hoy. A cuarenta años, la sentencia de la causa 13/84 permanece como un hito fundacional de la justicia argentina y un modelo reconocido internacionalmente: la demostración de que un Estado democrático puede juzgar su propio pasado con verdad, memoria y plena vigencia de la ley.
Nada de eso fue un regalo. Fue una maravillosa construcción colectiva. Mal que le pese a este gobierno negacionista, que se dio el lujo de cuestionar ante la ONU el número de 30.000 y hablar de “memoria completa”, a sabiendas de lo que ello significa.
Esa decisión colectiva sigue guiando cada juicio y cada sentencia a lo largo de todo el territorio, condenando a los responsables del genocidio cometido por la última dictadura militar . Un proceso sostenido con la persistencia de víctimas, familiares, organismos de derechos humanos, fiscales y jueces. Y también con el coraje y la dignidad de muchos familiares de genocidas, que con sus desobediencias a los mandatos de sus familias, se alzaron fuertes y vigorosos en repudio de los crímenes cometidos por sus parientes.
Cuarenta años después, la sentencia de la causa 13/84 sigue recordándonos que la democracia no se mide solo por su capacidad de elegir gobiernos, sino también por su decisión de juzgar a quienes los destruyeron, asesinando a mansalva.
Allí reside su verdadera fortaleza: en la defensa inquebrantable del Estado de derecho, y la lucha constante por la memoria, la verdad y la justicia.
(*) Abogada
Publicada en Página 12