“A casi 17 meses de gestión, estamos muy conformes, en cierto modo, más allá de las dificultades, por los logros”, afirmó. Señaló que el principal objetivo fue reactivar obras paralizadas: “El desafío era poner en marcha la mayor cantidad de obras paralizadas que habíamos recibido y creo que, en ese sentido, sentimos el deber de haber cumplido, digamos, en cierto modo, con los objetivos que nos planteamos”.
Gutiérrez explicó que, ante la caída del financiamiento nacional, las obras fueron reactivadas con recursos propios. “Todas las viviendas paralizadas que heredamos, todos los contratos vigentes que heredamos, los tuvimos que retomar con recursos propios. Primero pagar las deudas: pagamos 1.800 millones inicialmente y después 12.600 millones más, en el marco de un convenio con Nación”.
Este convenio, indicó, totalizaba 13.500 millones, de los cuales 12.500 estaban destinados a obras y el resto al pago de certificados de deuda. “El año pasado terminamos 962 viviendas más obras de infraestructura, ahora ya llevamos más de 600 viviendas retomadas”, precisó. Agregó que cada semana se suman nuevos frentes de obra, aunque “muchas empresas pretenden una readecuación de esos contratos a los valores actuales, que es el primer obstáculo que tenemos”.
La meta trazada es concluir las obras detenidas: “Nos quedan unas 1.600 o 1.700 viviendas paralizadas. Primero terminamos las que tenían mayor estado de avance. Nuestra posibilidad económica dice que el año que viene podríamos terminar con todas estas obras”.
En paralelo, el IPDUV trabaja junto al sector privado en proyectos como el de los 360 departamentos del ex Pediátrico, antes financiado por Procrear: “No hay más financiamiento. La provincia no está en condiciones de poner 30.000 millones para terminar esa obra”. Gutiérrez informó que evalúan alternativas junto a la fiduciaria provincial y la empresa adjudicataria: “Queremos trabajar en un proyecto viable y que no sea en el tiempo un elefante blanco”.
Además, se llevan adelante los planes sociales de vivienda como el Ñachec, destinado a familias sin empleo formal ni recibo de sueldo. “Estamos llevando adelante obras en 20 ciudades con este programa, detectando situaciones de vulnerabilidad a través de visitas de asistentes sociales e incluso fallos judiciales”.
En articulación con el IPRODICH, el instituto también busca responder a demandas habitacionales urgentes de personas con discapacidad: “Tenemos casi mil casos urgentes. El Estado no está en condiciones de resolver esos mil casos de manera inmediata, pero lo estamos trabajando y buscando determinar prioridades”.
El funcionario mencionó también soluciones a situaciones que estaban paralizadas desde hace más de una década, como la de los 63 lotes judiciales: “Después de 13 años no tenían ni la casa ni el terreno escriturado. Hicimos un convenio y resolvimos la situación”. También abordaron el caso de 100 familias del gremio Aguel, que habían pagado anticipadamente con expectativas no cumplidas.
Por otro lado, destacó los esfuerzos por mejorar la recaudación: “Tenemos un 40% de beneficiarios de vivienda que no pagan la casa. Si no logramos que la gente pague la cuota, difícilmente tendremos buenos resultados a futuro”.
“Creemos que estamos por el buen camino, sin duda tenemos mucho que mejorar, pero hemos mejorado la recaudación, hemos hecho sorteos de cancelaciones para incentivar que la gente esté al día con su cuota y pueda participar de la cancelación de su vivienda, hemos llevado adelante un montón de acciones tendientes a mejorar la capacidad”, resaltó.
En cuanto a nuevas herramientas, señaló que recuperaron el sistema de créditos para ampliación y refacción de viviendas, y que se trabaja para contar con un crédito individual para construcción. También implementaron un sistema de ahorro previo: “Cada 4 o 6 meses vamos entregando un grupito de viviendas y la gente empieza a pagar una vez que le entregan la casa”.
Gutiérrez subrayó que toda obra iniciada debe tener respaldo económico: “Reiniciar una obra es garantizar que tenemos los recursos y garantizar que la vamos a terminar”. Y concluyó: “Toda obra que se reinicia es mano de obra para un chaqueño que está sin trabajo”.