La mesa de organismos de derechos humanos repudió fuertemente la decisión de Patricia Bullrich de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores –que cumplían sus penas en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde el año pasado fueron visitados por diputados oficialistas– a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que es considerada una “cárcel VIP” por sus comodidades. En ese sentido, volvieron a reclamar “juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas”.
“Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”, resaltaron.
Y reclamaron que los jueces no permitan maniobras para favorecer a los represores. “Hacemos un llamado a las autoridades judiciales que deben hacer cumplir los fallos que tomen los recaudos necesarios para que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido, sus penas”, puntualizaron.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) quiere vaciar tres pabellones del Complejo VII para que estas plazas sean ocupadas por mujeres. Más adelante, la idea del gobierno de Javier Milei es traspasar la unidad al Gobierno de la Ciudad, que aloja a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
Varios represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como Astiz, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, pidieron que, al ser trasladados, se les asigne una celda individual –beneficio del que ya gozaban en Ezeiza– y que se les permita seguir usando la plataforma Skype para comunicarse con sus familias.
De acuerdo con un relevamiento hecho por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2021, la Unidad 34 de Campo de Mayo tiene comodidades tales como canchas de tenis, pistas de caminata, gimnasios, una heladera cada dos detenidos y celdas individuales con televisor.
Comunicado de la mesa de organismos
La Mesa de organismos de derechos humanos expresa su oposición a la iniciativa del Ministerio de Seguridad tendiente a que personas condenadas por delitos de lesa humanidad dejen de cumplir su pena en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y sean trasladados a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos.
Hacemos un llamado a las autoridades judiciales que deben hacer cumplir los fallos que tomen los recaudos necesarios para que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido, sus penas.
Una vez más decimos juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas.
Alertamos también a la población sobre los intentos de hacer participar a las FFAA en tareas que les competen a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, como es detener civiles que hayan cometido delitos de flagrancia, violando así lo que disponen las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
Nuevamente el gobierno de Milei, Bullrich, Petri y compañía buscan congraciarse con aquellos sectores que fueron el brazo ejecutor de los poderes concentrados en la ultima dictadura cívico-militar y que siguen siendo repudiados por la mayoría de la sociedad argentina.
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza)
Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Historia y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Página 12