El exjuez Guillermo Rivarola debe presentarse el próximo 20 de mayo para explicar por qué no investigó la masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto, ocurrida en marzo de 1978. Pero los problemas podrían multiplicarse para el exmagistrado, ya que los querellantes pidieron que también se lo indague por no haber investigado la matanza de San Patricio, cuando la dictadura asesinó a tres curas y dos seminaristas palotinos.
Rivarola juró como juez federal en mayo de 1976 por obra y gracia del dictador Jorge Rafael Videla. Dos meses después de su jura, tuvo en sus manos un caso muy sensible: el asesinato a sangre fría de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y de los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti.
La masacre de San Patricio se perpetró en la madrugada del 4 de julio de 1976. Durante muchos años se pensó que detrás del hecho había estado el grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero hace dos años el juez federal Daniel Rafecas aceptó investigar el caso como una posible represalia ante la bomba que Montoneros colocó el 2 de julio de 1976 en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba el área de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
Los abogados Pablo Llonto, Adrián Krmpotic y Ariel Noli se presentaron ante Rafecas, en representación de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. para pedirle que indague a Rivarola también por su rol en la no investigación de los asesinatos de los religiosos. Para ellos, Rivarola incurrió en varios delitos: incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes, encubrimiento, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La investigación acerca de lo que había pasado en la casa pastoral de la calle Estomba se inició en la mañana del 4 de julio de 1976, cuando en la Comisaría 37 recibieron una llamada alertando de que había sucedido un “hecho de sangre”.
Durante tres días nadie relacionó –al menos en los papeles– la matanza de los palotinos con otro hecho que había ocurrido en la madrugada del 4 de julio de 1976. Ese día, un muchacho de 18 años estaba volviendo a su casa y vio dos autos sospechosos estacionados frente a la parroquia. Decidió ir a dar aviso a la comisaría. Allí, explicó que había visto un Peugeot rojo y otro clarito con dos ocupantes masculinos en cada uno. La comisaría mandó un patrullero para hacer el control y aparentemente se quedó un buen rato.
Rivarola se enteró de esta “casualidad” el 7 de julio de 1976, cuando fue a la iglesia de San Patricio y habló con vecinos del barrio. Recién allí tomó declaración al oficial de la 37 que había hecho el control. El policía confirmó que había dos Peugeot estacionados donde los había visto el muchacho, pero dijo que únicamente encontró un coche con un único ocupante: un hombre que le dijo que estaba esperando a una señorita. Casualmente no recordaba su nombre ni la patente del auto.
Para los abogados querellantes, Rivarola debió advertir lo evidente: que en la comisaría 37 estaban ocultando el episodio de los dos Peugeot estacionados frente a la parroquia. Para ellos, el magistrado avaló el ocultamiento que habían hecho los policías, que recién el 7 de julio de 1976 registraron el episodio en el sumario policial. Tampoco tomó medidas para identificar a quienes estaban en los vehículos, como la realización de identikits o la exhibición de álbumes de fotografías.
La querella también resaltó que Rivarola “no se preocupó” por relacionar las notorias evidencias de que en esos días aparecían decenas de cadáveres como mensajes públicos en la calle y “muestra notoria del raid homicida de la Policía Federal”. Según el informe Nunca Más, entre el 3 y el 7 de julio de 1976 –es decir, inmediatamente después de la bomba en la SSF o Coordinación Federal– ingresaron 46 cadáveres en la morgue. Todos presentaban heridas de bala, ya sea en el cráneo, tórax, abdomen o pelvis y la causa de muerte tenía que ver con una hemorragia interna.
Según la presentación, Rivarola tampoco se preocupó por preservar los proyectiles y las cápsulas que se encontraron en la casa parroquial. Estuvieron cerca de cuatro meses en la comisaría 37. El peritaje lo hizo Prefectura y dijo que las muertes habrían sido ocasionadas por cinco tiradores que dispararon usando una Browning 9 milímetros, explicación que para la querella es inverosímil.
“El encubrimiento tuvo como finalidad garantizar la impunidad de los crímenes cometidos y negar el derecho de los familiares a saber la verdad. No solo encubrió los homicidios, encubrió el accionar de los partícipes que permitieron la ‘zona liberada’”, escribieron.
Rafecas deberá resolver si también indaga a Rivarola por la masacre de San Patricio –caso emblemático de su accionar en dictadura, ya que demandó al periodista Eduardo Kimel por criticar su actuación en el expediente. La justicia argentina condenó a Kimel y lo obligó a pagar 20 mil dólares. En 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al Estado argentino por la persecución a Kimel. Al año siguiente, se eliminaron los delitos de injurias y calumnias para asuntos de interés público.
Mientras todos los ojos están posados en el Vaticano, donde deberá definirse quién sucederá al Papa Francisco, la masacre de San Patricio se sigue con mucho interés en el mundo religioso, ya que constituyó el mayor ataque a la Iglesia católica durante la última dictadura.
Fue el propio Jorge Bergoglio quien abrió el proceso de canonización de los palotinos cuando era arzobispo de Buenos Aires. Conocía bien el caso porque había sido confesor del Padre “Alfie” Kelly. El 4 de julio pasado, cuando se cumplieron 48 años de la masacre, el arzobispo Jorge García Cuerva presidió una misa en la que mostró su apoyo a la causa canónica.
Página/12