Agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad realizarán, este miércoles, una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se manifestarán en contra de los múltiples recortes en el sector, del ajuste que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei y exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Esta convocatoria coincide, de forma intencional, con la reunión de comisión que discutirá la ley de emergencia (que ataña a las personas con discapacidad) y que se iba a celebrar la semana pasada, pero que se postergó por el duelo del fallecimiento del Papa Francisco.
Según informaron fuentes a Noticias Argentinas, los legisladores tienen pensado, para mañana, dar dictamen en un plenario que incluye a las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Acción Social y Salud.
A esta jornada de lucha, se suman prestadores de servicios y colectivos aliados, frente al Anexo del Congreso de la Nación, con el fin de impulsar “de manera urgente” la aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en todo el país, hasta el 31 de diciembre de 2027.
“Esta iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual gobierno. El proyecto no solo apunta a resolver urgencias, sino también a garantizar derechos, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044”, sostuvieron desde las organizaciones convocantes.
Asimismo, Karina Castagnola, de Hablemos de Autismo Quilmes, sostuvo que este proyecto “propone el financiamiento adecuado y sostenido” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de los programas “que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social.”
Fuentes cercanas al organismo público señalaron que la ANDIS “debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad, sin embargo, “no se hace porque no se quiere hacer”: “Es triste y frustrante”, expresaron.
“En este Gobierno, y quienes somos personas con discapacidad, padecemos la falta de políticas públicas hacia la garantía de derechos y a las mejoras en la calidad de nuestras vidas. Esta gestión va en detrimento todo eso”, concluyeron.
NA