“Tienen fuerzas de seguridad suficientes, si no la saben utilizar porque son unos inútiles como es Patricia Bullrich, eso es su problema. Hoy tiene que recurrir al Ministerio de Defensa para utilizar a las fuerzas armadas en cuestiones que les están vedadas. Son inútiles para combatir el narcotráfico sin las fuerzas armadas, son inútiles para manejar las fuerzas de seguridad. Ellos solamente están persiguiendo un objetivo político. No les interesa el narcotráfico ni las fuerzas armadas ni nada. La Justicia puede actuar de oficio, no me extrañaría que se presente quien sea, un tercero, puede ser político o no político presentando un recurso de amparo ante la Justicia porque esto es ilegal, y en una de esas la Justicia le puede prohibir a las Fuerzas Armadas realizar este tipo de actividades”, disparó.
Milani afirmó que “esta Resolución del Ministro de Defensa de marcar en las reglas de empeñamiento, de colocar algo referido en la autorización a militares para que puedan detener civiles, obedece a un decreto que le han hecho firmar al Presidente Milei en diciembre del año pasado. Esto es producto de una barbaridad absoluta porque va en contra de la Ley de Defensa, La Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia. Esto es producto de un gran improvisación, ignorancia e irresponsabilidad por parte de Petri y de Bullrich. Los dos perciben absolutamente objetivos políticos y nada más. Petri para ser gobernador de Mendoza y Bullrich su protagonismo político dentro del Gobierno. Y aparte, para tapar el uso de los cuestionados fondos en el Ministerio de Seguridad, entonces apelan a este tipo de cuestiones que están en contra o son contrarias a la ley. Las fuerzas armadas no están preparadas, equipadas, instruidas ni adiestradas para intervenir en conflictos en el marco interno, ni contra el supuesto terrorismo, que hasta ahora no hay por lo menos en forma tan impresionante como para que tengan que intervenir las fuerzas armadas ni mucho menos con el narcotráfico que es un problema exclusivo delictivo de las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales”.
El general retirado del Ejército detalló que nuestro país “tiene la mayor cantidad de fuerzas de seguridad federal y fuerzas provinciales en relación con la cantidad de habitantes de todo el continente americano. Es decir, tenemos cientos de miles de efectivos entre Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales para hacer frente al narcotráfico y quieren involucrar a las fuerzas armadas. Esto es denigrar a las fuerzas armadas porque involucrarlas es hacerlas auxiliar de la Justicia. Las fuerzas armadas están para las misiones más importantes y trascendentes que son defender la soberanía de la Nación ante un ataque externo. Así que no hay mucho que hablar con esta barbaridad que han cometido. El Ejército no tendría que ser la última instancia en situaciones normales. Únicamente las fuerzas armadas pueden actuar en Seguridad Interior, (esto lo dice la Ley de Seguridad Interior) en caso de conmoción interna previo dictado del Estado de Sitio por parte del Poder Ejecutivo, con la aprobación del Congreso. Esto es así de claro. Es decir, cuando ocurre algo tan catastrófico como un Estado de Sitio, es decir casos excepcionales. Pero aquí no hay ningún caso excepcional. Aquí deben intervenir las fuerzas federales y no involucrar a las fuerzas armadas en conflictos de origen interno. Acá no hay ningún peligro externo que esté poniendo en problemas a la seguridad de la Nación en ningún lado. Por supuesto que el narcotráfico es un problema pero para eso están las fuerzas de seguridad federales, no las fuerzas armadas que están para el caso que el país sea agredido y que sea una agresión de origen externo, es decir un ataque de otra potencia por ejemplo, no para andar corriendo delincuentes ni para andar deteniendo civiles”, remarcó ofuscado.
Milani recordó que el ministro Petri dijo que los militares “iban a estar en localidades cerca de la frontera pero en localidades del interior del país, lo cual es mucho peor. Todo es producto de esta manga de improvisados, ignorantes e irresponsables que tenemos como ministro de Defensa y ministra de Seguridad. Lamentablemente las consecuencias la van a sufrir el personal militar que acate estas órdenes ilegales. Me pregunto qué va a pasar si en alguna detención ocurre algún accidente o cualquier tipo de cosas, no hablemos de una muerte. ¿A quien lo van a hacer responsable? Seguramente que el Ministro de Defensa va a mirar para otro lado como hace con todas las cosas. Demasiados problemas tiene en su gestión que ha sido un desastre en este año y medio que va. ¿Entonces se va a hacer responsable él? ¿El Presidente? No. Van a ser responsables los mandos de las fuerzas armadas que están permitiendo esto y el personal que lo está ejecutando, y esto ya lo conocemos. Yo no entiendo como las fuerzas armadas se prestan a esto”, lamentó.
Milani redundó al describir el marco legal de la resolución ministerial, agregando que “esto es evidente que está fuera de la Ley, se está procediendo en contra de dos leyes nacionales que no pueden ser borradas por un decreto, esto es el principal problema. El decreto de Milei firmado en diciembre de 2024 es ilegal y el Ministro de Defensa se apoya en este decreto donde le permite a las fuerzas armadas a detener civiles. Es una barbaridad. El principal problema es que la oposición no hizo absolutamente nada cuando Milei firmó el decreto ilegal el año pasado. Adónde está el Congreso, los senadores y los diputados? Petri se agarra de este decreto ilegal para hacer esto, porque intentaron en el Congreso modificar la Ley de Seguridad Interior y no pudieron, mucho menos va a ser con la Ley de Defensa. Al no poder, le hicieron firmar un decreto al Presidente. Esto es una barbaridad, yo no sé si el Presidente sabía lo que firmó o le hicieron firmar, pero estos dos aventureros, porque eso es lo que son; van a traerle consecuencias graves a las fuerzas armadas y a toda la región donde estén actuando. Cuando se empiecen a acumular las denuncias va a pasar que el personal militar que esté involucrado va a tener que ir a responder en la Justicia. Porque los jueces cuando llaman lo hacen por nombre y apellido del que cometió un ilícito. ¿Y qué va a decir el acusado? ¿Yo respondí una orden? ¿No sabe que esa orden es ilegal, es ilegítima?”, se preguntó. “Lamentablemente las fuerzas armadas han trabajado en las reglas de empeñamiento, es decir que han tenido una participación en toda esta cuestión. Las reglas de empeñamiento les permiten la detención de civiles, entonces yo me pregunto bajo qué norma legal van a presentar cuando el Juez lo llame al personal afectado que efectúe una detención”, agregó.
Con respecto a la logística para la movilización de miles de efectivos del Ejército Argentino, Milani aclaró que no tienen esa logística “porque desde el 2012 se ha comprado muy poco equipamiento individual y de conjunto, casi nada. Igualmente con eso se puede subsistir pero el problema aquí es legal, que parte de un decreto ilegal del Presidente. Todo esto tendría que haber sido objeto de tratamiento por la comisiones de Defensa en el Congreso, de la interpelación a los ministros, de hacer lo que le corresponde hacer a la oposición. Y no hay desconocimiento de todo ésto porque uno de los que integra la Comisión de Defensa es el diputado López Murphy, que fue ministro de Defensa y sabe perfectamente lo que tendría que haber hecho. Las fuerzas de seguridad están cobrando 30 por ciento más que las fuerzas armadas, lo menos que ha hecho Petri es tratar de equiparar el sueldo de las fuerzas armadas con los salarios de las fuerzas de seguridad. No tienen cara”, consideró finalmente.
Fuentes: Hipermedios UNCAUS y Periodismo 365