Un juez federal de Estados Unidos halló “causa probable” para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato judicial por violar su orden del mes pasado para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos con base en la Ley de Enemigos Extranjeros.
El juez James Boasberg de Washington dijo en un escrito de más de 40 páginas que el Gobierno demostró una “ignorancia deliberada” ante la orden del 15 de marzo que prohibía la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador en virtud de esa ley de finales del siglo XVIII, con la que el Gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador sin un proceso judicial. Todos ellos estaban acusados de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua.
Cuando Boasberg emitió la orden, dos aviones con venezolanos se dirigían a El Salvador y no habían regresado aún a Estados Unidos. Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, por lo que el juez pidió a la Administración que intente demostrar que no incurrió en desacato o, de lo contrario, iniciará audiencias y, posiblemente, remitirá el asunto a la Justicia. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que juraron respetarla”, destacó el juez.
El juez señaló que la manera más fácil de que el Gobierno evite el desacato es permitir que los migrantes deportados en contra de su orden impugnen su expulsión ante los tribunales. Según su escrito, esto no requeriría el regreso de los migrantes a Estados Unidos y la Administración podría “proponer otros métodos para lograr el cumplimiento”.
El juez dejó claro que “el Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, dio a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas fue satisfactoria”.
La Casa Blanca negó haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez Boasberg. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que éste emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no facilitó la hora de despegue al juez. De hecho, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el Gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación.
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