Vigal detalló que la resolución de magistrada se conoció el viernes y se dio en base a los fundamentos expuestos en el requrimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia. Resta que en las “próximas horas el expediente llegue al Tribunal General Federal abriendo la instancia de la citación a juicio y el ofrecimiento de pruebas”.
La causa tiene como único imputado con vida al exsuboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, quien está acusado por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, ocurridas en 1974 en la Alcaidía de Sáenz Peña.
“Es una segunda causa referida a crímenes cometidos contra dirigentes, en este caso sacerdotes vinculados a las Ligas Agrarias”, explicó el auxiliar fiscal Diego Vigay, quien interviene en el proceso. Y recordó que Núñez y Testa desarrollaban su labor pastoral en las parroquias de Quitilipi y Machagai desde 1974, con una activa participación en el movimiento rural católico, en el surgimiento de las Ligas Agrarias, un frente provincial indígena y un sindicato de trabajadores rurales llamado Sudor.
Ambos religiosos fueron detenidos en 1974 y trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña. Vigay apuntó que allí fueron “sacados de los pabellones de presos y llevados a dos habitaciones dentro del predio, donde fueron sistemáticamente torturados junto a otras personas durante una semana”.
El fiscal remarcó que los hechos fueron documentados a partir de más de veinte testimonios, incluyendo monjas, laicos y miembros de ambas comunidades parroquiales, que relataron las condiciones físicas y emocionales en las que encontraron a los sacerdotes tras la detención. “Dan todo un detalle de las condiciones en que fueron encontrados ambos sacerdotes y lo que ambos les relataron”, explicó Vigay. La causa cuenta además con informes médicos, documentación oficial de detención y traslados, un expediente judicial de la época.
Vigay resaltó que Manader acumula ya cuatro condenas por crímenes de lesa humanidad relacionados con el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Sin embargo, esta es la primera vez que es imputado por hechos ocurridos en el interior de la provincia, vinculados específicamente a la represión contra integrantes de las Ligas Agrarias.
En las causas anteriores, según Vigay, se demostró que Manader, a pesar de su rango de sargento, “tenía voz de mando por encima de comisarios y encabezaba grupos de tareas”. “Se demostró que Gabino Manader tenía un rol protagónico en encabezar ese grupo de tareas que cometió la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad en ese período histórico”, aseveró.